La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) advirtió posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del presente año.
El Acuerdo otorga un trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del Gobierno Federal que, conforme al mismo, califiquen como de interés público y seguridad nacional.
Lo anterior, en razón de que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal –de manera inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias– a otorgarles una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarias para su realización en un plazo máximo de 5 días hábiles, y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público.
Esto les podría otorgar un trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos, señala la COFECE.
Además, cabe señalar que el hecho de que, conforme al Acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable.
“La COFECE reafirma su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor”, señaló en un comunicado.
