La Fiscalía General de la República, realizó una solicitud a la Cámara de Diputados para poder iniciar un juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de delitos de delincuencia organizada además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicha solicitud fue realizada ante la cámara para el desafuero del gobernador y tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Durante la noche del día martes, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, fue el encargado de informar sobre la petición realizada por parte de la Fiscalía.
Mediante una tarjeta informativa dirigida a Mier, la secretaria general, Graciela Báez Ricárdez, informó de la diligencia que fue presentada por agentes ministeriales pertenecientes a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
“presentaron escrito de solicitud de declaración de procedencia, en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador constitucional del estado de Tamaulipas; en el escrito establecen como causas de la solicitud, la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”, así se pronuncian en el documento.
Cabe mencionar que dicha solicitud será ratificada el día jueves por la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados.
Hace algunos meses y según fuentes de la cámara, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por poco más de 951 millones de pesos, cifra de la cual es derivada de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público anexaron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se han realizado triangulaciones financieras, que hasta el momento le han reportaron ingresos por aproximadamente 42 millones de pesos de una empresa fantasma ya que no cuenta con antecedentes ni declaraciones fiscales.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios han sido declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo cual se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.