Sánchez Cordero votó para exonerar a el “góber precioso” por el ataque a Lydia Cacho

Luego de la detención de Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla, por la supuesta vinculación que tiene en el caso de tortura en contra de Lydia Cacho, el llamado “góber precioso” enfrentaría las acusaciones de las que ya había sido exonerado en 2007 por la Suprema Corte.

Dichos sucesos tuvieron lugar durante la sesión pública ordinaria, celebrada el jueves 29 de noviembre de 2007 cuando se tomó la negativa iniciar una investigación en contra de Mario Marín por su presunta participación en las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, de acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe mencionar que en aquel entonces el ministro presidente era Guillermo Ortiz Mayagoitia. Los ministros eran Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Armando Valls Hernández y Juan Silva Meza. Y el único ausente fue José Fernando Franco González Salas.

Todas las preguntas que giraban en torno al tema era si la grabación en la que se escucha a Kamel Nacif y al gobernador de Puebla constituían una prueba contundente; si las comisiones pueden o no pedir intervenciones telefónicas; si el informe solicitado a compañías telefónicas es una prueba válida o no, y si la comisión realizó la investigación a fondo con todo lo que tuvo a su alcance.

La decisión final confirmó que la grabación únicamente era una hipótesis para comprobar; el registro de llamadas es simplemente una prueba documental relacionada con las demás y que la investigación fue definitivamente agotada.

En consecuencia de esto se avanzó a las tres preguntas principales del caso: ¿quedó probada la existencia de violación grave de garantías individuales, en términos del artículo 97 constitucional? En respuesta a la primera la votación se dividió con seis votos en contra y cuatro votos a favor.

Olga Sánchez Cordero actual secretaría de Gobernación se ha pronunciado al respecto y considera “si hubo violación a los derechos fundamentales de la periodista, pero no en los términos del artículo 97 constitucional”.

Por otra parte también se mencionó que los datos arrojados por la investigación, la averiguación previa, la orden de captura y la incertidumbre jurídica generada con la detención, “no son suficientes para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa y de libre expresión que consagran los artículos 6° y 7° constitucionales, pues no se advierten elementos que supongan que la manifestación de 30 las ideas por parte de Lydia Cacho, ha sido motivo de inquisición judicial o administrativa”.

Es decir que desde su propia perspectiva, “no existe una prueba contundente, no existe ni el enlace de ellas, en donde nos permitan afirmar, sin lugar a dudas de que efectivamente el ex gobernador de Puebla dictó estas órdenes, para que se concretara esta violación a la que he aludido”.

También mencionó que “objetivamente no se advierte concierto respecto de las autoridades del Estado de Quintana Roo, que se limitaron únicamente al cumplimiento de los convenios de coordinación entre procuradurías”.

Por otra parte el ministro en retiro Genaro Góngora Pimental aseguró en una entrevista brindada a ciertos medios, en junio de 2019, que Olga Sánchez Cordero supuestamente cambió de opinión porque mencionaba “no nos van a dejar”.

“Parece ser que le pidió el presidente de la Corte a la otra ministra, ‘pídele el voto a nuestro favor ‘y fue cuando lo cambió mencionó Góngora Pimentel.

Por último, Pimentel informó que el presidente de la corte mandó a uno de los ministros de la Suprema Corte a Sudamérica con urgencia, por lo que perdieron también ese voto a favor de Lydia Cacho.