Corte pospone análisis de amparo por indemnizaciones en Caso ABC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el análisis y resolución del proyecto de sentencia sobre con las primeras indemnizaciones a familias de menores fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora y el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

De esta forma quedó en lista, para su discusión la próxima semana en la Primera Sala, la propuesta para que la CEAV establezca un nuevo monto de indemnización para reparar el daño a las víctimas del incendio, ocurrido el 5 de junio de 2009, por la violación a los derechos humanos en que incurrieron instituciones del Estado mexicano.

“Informo a la Sala que por instrucciones del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el asunto identificado en la lista relativo al amparo en revisión 1133/2019 queda en lista”, anunció la secretaria de acuerdos durante la sesión de este miércoles.

Nuevos amparos

Sin embargo, llegaron al máximo tribunal del país dos solicitudes de facultad de atracción en la que se pide que los ministros de la Corte analicen el amparo promovido por la familia de las hermanas Emilia y Camila, también relacionado con la reparación integral del daño por el incendio en la Guardería ABC y la cuantificación del daño por parte de la CEAV.

Ambos recursos judiciales, planteados por un tribunal federal de la Ciudad de México, fueron turnados a la ministra Norma Piña y al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para su análisis y formulación de proyectos que serán presentados ante la Primera Sala.

En su proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara Carrancá plantea la inconveniencia de que un juez constitucional, por primera ocasión, realice la cuantificación de una indemnización, porque esta cuantificación es un procedimiento complejo que involucra diversas valoraciones que son competencia exclusiva de determinadas autoridades.

“A efecto de cuantificar estos montos por indemnización, debe dejarse a salvo la competencia de los órganos estatales a quienes se les encuentra legal y constitucionalmente conferida la realización de esta tarea”, señala la propuesta.