En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México inició el que puede ser nuestro último viaje al Golfo de California o Mar de Cortés para documentar la extinción de la vaquita marina.
Un suceso que atrapa la atención internacional y que a nivel nacional genera una crisis ambiental, social, económica y de combate al crimen organizado, en una región al noroeste de la República Mexicana, donde se concentran gran parte de los males que enfrenta el país: abandono, delincuencia, corrupción, impunidad y fracaso de las políticas públicas.
La vaquita marina no es sólo el ocaso de una especie, somos nosotros, los mexicanos frente al espejo.
Al sur de Mexicali, se encuentra el Puerto de San Felipe, Baja California; al sureste, el Golfo de Santa Clara, Sonora, y en medio, el área de refugio del mamífero marino en mayor peligro del mundo.
Comunidades de pescadores separadas por 80 kilómetros de mar en línea recta, convertidas en polvorines, donde sólo hace falta una pequeña chispa para provocar un estallido social.
Una muestra es lo ocurrido el pasado 28 de marzo, cuando después de una persecución, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), hirieron con arma de fuego a Enrique García Sandez, “El Kiki”, pescador furtivo y quien fuera inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de 2008 a 2014, cesado por presuntos actos de corrupción.
La respuesta de la turba enardecida, fue lanzar piedras y proyectiles contra el Sector Naval y prender fuego a camionetas particulares y el predio donde las autoridades resguardaban embarcaciones menores y redes prohibidas, aseguradas a lo largo de los años en el hábitat de la vaquita marina.
En un recorrido realizado por Excélsior, pudimos constatar que en el sitio, quedaron carbonizados expedientes y actas administrativas levantadas contra delincuentes ambientales, que violaron la veda decretada en el Alto Golfo de California desde abril de 2015.
“Claro que si hay riesgo de que se registre un estallido social de mayores dimensiones, porque el Golfo de California vive una crisis por la falta de aplicación del estado de Derecho”, advirtió Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.
Aprovechando la confusión, el grupo de pescadores furtivos que exigía justica para su compañero lesionado, saqueó además un cementerio de redes ilegales ubicado a 26 kilómetros del muelle de San Felipe.
“Teníamos un centro de acopio en el Rancho El Dorado, donde se reciclaban las redes; allá se hacía el proceso de desarmado, de quitar plomo, de separar los materiales”, reveló Enoch Rizo, gerente de Operaciones del Buque Narval del Museo de la Ballena, dedicado a patrullar el área de refugio de la vaquita marina.
A bordo de camionetas, personas con gorras y el rostro cubierto salieron cargadas con mil 200 redes que en los meses recientes fueron arrancadas del mar por organizaciones ambientalistas, sin que nadie hiciera el menor intento por detenerlas.
Artes de pesca prohibidas de hasta dos kilómetros de longitud, donde muere ahogada la vaquita marina, y que son utilizadas para capturar al pez Totoaba, “la cocaína del mar”, el negocio millonario de los chinos, que extraen su vejiga natatoria o buche, al que le atribuyen propiedades medicinales.
Chinchorros o redes de enmalle que de 1997 a la fecha provocaron el declive de la población de vaquita, al pasar de 567 ejemplares a sólo entre 6 y 22 individuos, lo que hace pronosticar a científicos que para junio ya estará extinta esta especie mexicana.
Un cálculo que no suena tan aventurado, cuando sales a navegar a las aguas del Alto Golfo de California atestadas de redes totoaberas, justo en esta temporada cuando las hembras del pez Totoaba, las más cotizadas por el tamaño de su buche, se acercan a las orillas a desovar.
“Es algo que no se puede ocultar, que no puedo decir que no existe, cuando sabemos que está a la vista de todo mundo”, reconoció Lorenzo García, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Puerto de San Felipe.
Una situación que se agrava cuando no se observa por ningún lado la inspección y vigilancia de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Profepa, Gendarmería Ambiental y la Semar.
A lo que se suma el retiro de los barcos de Sea Shepherd y del Museo de la Ballena, al no existir condiciones de seguridad para seguir retirando las redes ilegales de los pescadores furtivos.
Además de que desde el 23 de marzo pasado cientos de pangas legales regresaron al mar en San Felipe y el Golfo de Santa Clara, en rechazo a la imposición de la “Iniciativa de Sustentabilidad del Alto Golfo de California”, presentada por el Gobierno de México, que les cancela el pago de compensaciones económicas por mantener sus redes fuera del agua.
“Hay un estado de indefensión en toda la región, porque no sabemos qué va a pasar, el gobierno no ha escuchado a nadie”, lamentó Carlos Tirado, representante de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores del Golfo de Santa Clara.
