Uno de cada cien niños mexicanos en edad de ir a la escuela es hijo de jornaleros migrantes. Son el sector más abandonado y marginado del sistema educativo, pues más del ochenta por ciento de ellos no va a la escuela, de acuerdo con la presidenta del INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), Silvia Schmelkes, que participó este viernes en una mesa de discusión sobre las recomendaciones del instituto para mejorar la educación que estos niños reciben.
Son cuatro recomendaciones dirigidas al gobierno: el rediseño de las políticas educativas para atender a esta población y que no se disminuya el presupuesto para ellas, que se garantice la disponibilidad de maestros preparados para atender a estos niños, la creación de un sistema unificado de información educativa y que se fomente la inovación educativa en este campo.
Se calcula que los hijos de migrantes que están en edad de cursar el prescolar, la primaria o la secundaria son entre 279 mil y 326 mil. Casi el 80 por ciento de los jornaleros migrantes están en condición de pobreza y los adultos en promedio cursaron cuatro años de educación, la mitad de los ocho que son el promedio nacional.
Sus hijos, de acuerdo con algunos estudios, interrumpen sus estudios constantemente, como norma repiten varias veces cada grado educativo y terminan abandonando la escuela, de acuerdo con lo expuesto por Schmelkes en la sede del INEE.
Nasheli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, y Carlos Rafael Rodríguez Solera, investigador de la Ibero, dos de los participantes en la mesa, dijeron que las recomendaciones son pertinentes, pero que hace falta un organismo que las pueda implementar.
Claudia Alonso Pesado, coordiandora operativa del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación, e Irma Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijeron que las directrices emitidas por el INEE son un reto para el Estado, que está obligado a garantizar el derecho a la educación de calidad.
Schmelkes dijo en entrevista que el presupuesto destinado a la atención de estos niños se ha reducido a la mitad en los últimos cuatro años. “Este sector ha sido invisibilizado. Siempre que hablamos de migrantes se piensa en los que se van a Estados Unidos, pero no en los que tenemos dentro del país. Están en una situación verdaderamente crítica”.
Estamos lejos de que el derecho de la educación y otros derechos puedan ser portados por la población, es decir, de que un mexicano que migra pueda moverse libremente por el país, cambiar su residencia, y ejercer su derecho a la educación. Y mientras esto no se ajuste, se pierden generaciones de jóvenes, consideró la presidenta del INEE.
Las directrices del INEE fueron enviadas a las autoridades educativas federales y estatales el 3 de agosto. A más tardar el 3 de octubre la SEP y los gobiernos de los estados deberán responder al instituto si aceptan sus recomendaciones, que no son de cumplimiento obligatorio.
“Debemos presionar para que se acepten”, dijo Ramírez Hernández. “Es una tarea del INEE, pero también de la sociedad. El derecho a la educación no se abandona en la comunidad de origen de los niños. Tiene que viajar con ellos. A lo que apuntan estas directrices es a hacer realidad el derecho a la educación de estas niñas, niños y adolescentes migrantes”.
