Siendo titular de STPS, senador Lozano viajó en vehículo blindado
Durante su gestión como Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, el actual senador Javier Lozano tuvo a su servicio un vehículo blindado, pese a no estar expuesto a los riesgos de los integrantes del gabinete de seguridad.
Según el portal de obligaciones de transparencia de la STPS el mantenimiento de la Suburban de lujo con nivel de blindaje cuatro plus que utilizó Lozano llegó a costar hasta 300 mil pesos al año.
Ese nivel de blindaje aísla a los ocupantes del vehículo de un asalto perpetrado con cualquier pistola y fusiles de asalto AR15 y AK47, conocidos como “cuerno de chivo”; además, la camioneta del exsecretario del Trabajo era modelo del año versión de lujo.
La camioneta utilizada por Javier Lozano fue adquirida mediante adjudicación directa en junio de 2007 a la empresa Industrias Ibse S.A. de C.V. en un millón 94 mil 999 pesos.
El portal sin embargo, que publicó la información, asegura poseer la copia de una versión pública del contrato en que la STPS establece como reservada y confidencial relacionada con las características del blindaje del auto.
“Resulta pertinente señalar que en torno a los numerosos acontecimientos, difundidos públicamente respecto a ataques que han recibido funcionarios públicos por actos de la delincuencia organizada, se considera importante privilegiar la protección a la vida y como en este caso de un funcionario de Estado, por lo que dicha información puede ser usada para facilitar la comisión de un delito en el que se ponga en peligro su vida o integridad física”, indica el documento.
De acuerdo con distintas empresas y las especificaciones normativas, un blindaje cuatro plus se compone con aceros especiales, aluminio, decenas de microcapas de materiales sintéticos de alta resistencia como la Dyneema y la Aramida y cerámicas. La coraza impone un peso extra de entre 500 y 650 kilos, que implica el refuerzo de la suspensión, así como los gastos de mantenimiento en general.
En esta categoría de reforzamiento, el auto está modificado desde el piso para contener, incluso, el estallido de una granada de fragmentación debajo de la unidad. La especificación plus significa, además, que el vehículo es resistente a disparos de rifles de francotirador.
Como se apuntó anteriormente, los vehículos blindados demandan un intenso mantenimiento por el sobrepeso al que quedan expuestos. A los casi 1.3 millones de pesos que se debió invertir en el cuidado de la camioneta se debe añadir que al menos tres días, entre el 7 y el 10 de agosto, la STPS gastó 27 mil 600 pesos en el alquiler de otra camioneta blindada.
Veintisiete mil 600 pesos, en ese tiempo, equivalían a año y medio de salario mínimo de sin descansos, asuetos ni vacaciones.
En el mismo 2007, también de acuerdo al contrato y documentación obtenidos por SinEmbargo, la dependencia a cargo de Javier Lozano erogó 4 millones 495 mil pesos en la compra de 19 vehículos Nissan: 15 autos Sentra equipados y cuatro camionetas X-Trail de lujo.
Tres de los automóviles sedán quedaron a disposición de la oficina del secretario Lozano y las camionetas se repartieron en las Subsecretarías y la Oficialía Mayor.
Mientras fue secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón no sufrió atentado alguno que justificara la compra de la camioneta blindada, al menos no que se haya público.
Se recuerda un ataque con huevos de guajolota y tomates a una camioneta Escalade negra en la que se trasladaba el entonces titular de la STPS, en la Sierra Norte de Puebla, en 2012, cuando acudió a un acto de campaña en Xicotepec en su búsqueda de la senaduría.
Los autores del “bombardeo” fueron obreros cesados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes consideraban a Lozano Alarcón responsable de su desempleo. Su objetivo era el funcionario federal, pero realmente nunca lo tuvieron cerca. Los manifestantes alcanzaron a ver, en el interior del vehículo de Lozano, armas largas, rifles de asalto que, según un boletín oficial, correspondían a las registradas por cuerpos policíacos de la Procuraduría General de la República (PGR) y no formaban parte de las pertenencias del abanderado albiazul.
