Se oficializa reforma político-electoral; surge el INE

A través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación publicó este lunes el decreto que crea el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del IFE, como parte de la reforma político-electoral aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

El Ejecutivo federal estableció un plazo de 120 días naturales, contados a partir de este martes, para que entre en funciones. Tanto el consejero presidente del nuevo órgano electoral y los consejeros permanecerán en su cargo 9 años y no podrán ser reelectos. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.

Prevé que todo partido político que alcance por lo menos 3 por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

En materia de reelección legislativa los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Serán postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, aclara.

Considera la posibilidad de formar gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Este gobierno se regulará por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría del Senado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

En caso de que el presidente opte por un gobierno de coalición, la Cámara de Diputados ratificará los nombramientos de los secretarios de Estado, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsules generales, entre otros.

Anuncia la transformación de la PGR, pues el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

La Fiscalía General contará con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. Cada año, el fiscal presentará informe de actividades a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.