Policías del DF cometieron siete homicidios

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) confirmó ayer la responsabilidad de policías capitalinos –tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General de Justicia locales– en siete asesinatos de civiles, ocurridos entre 2010 y 2013, los cuales entran en la categoría de “ejecuciones arbitrarias”, debido a que fueron perpetrados “a voluntad (de los agentes implicados), sin tener en cuenta la ley”.

A través de la recomendación 8/2013, el ombudsman capitalino informó que en estos siete asesinatos “no se encontraron evidencias que permitan confirmar que el actuar (de los agentes) correspondiera a una legítima defensa”, además de que “los policías (implicados) no actuaron en proporción a la situación que enfrentaban ni redujeron al mínimo los daños y lesiones, buscando en todo momento la protección de la vida humana”.

Por ello, el organismo defensor de los derechos humanos en la capital del país determinó que los responsables no sólo deben ser procesados penal y administrativamente, además de reparar el daño a las víctimas, sino que también demandó tanto a la SSP como a la PGJDF emprender acciones de capacitación a su personal en materia de “razonabilidad” en el uso de la fuerza y las armas letales, así como poner en marcha un “sistema audiovisual permanente al interior de sus patrullas y diseñar un mecanismo que permita registrar y concentrar los reportes de la policía sobre el uso y resguardo de armamento”.

Living

El más reciente asesinato policiaco documentado por el ombudsman capitalino ocurrió el 12 de enero de 2013. Las víctimas: un joven de 22 años y su acompañante, de 17, los cuales fueron detenidos “sin motivo legal” por Luis Guillermo Flores Capetillo, agente de la Policía de Investigación de PGJDF, y otros cómplices, luego de que abandonaron el bar Living, de Bucareli, alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Cinco horas después, los cuerpos de ambos jóvenes fueron hallados en la delegación Venustiano Carranza. Habían sido amordazados con alambre, mismo material usado para atarlos de brazos, pies y manos. Presentaban mutilación de orejas y murieron por disparos en la cara.

En la versión del agente Flores Capetillo, respaldada por los comandantes Raúl Porras Barrios y Jaime Víctores Oliver, éste se encontraba en Bucareli realizando “servicio”, a bordo de la patrulla 03094, cuando las dos víctimas le solicitaron apoyo “para que las sacara de esa zona”, ya que ahí se acababa de suscitar una “riña colectiva”, por lo que el policía les permitió abordar el vehículo oficial y, asegura, “calles después los dejó”.

No obstante, la CDHDF logró demostrar la “falsedad” de estas declaraciones a través del testimonio de testigos presenciales de la detención, así como con los videos registrados por las cámaras de seguridad del gobierno capitalino, las cuales dejan ver que el agente Luis Guillermo Flores Capetillo detuvo a ambos jóvenes y los obligó a abordar no en su patrulla, sino en un vehículo blanco, no oficial, que lo escoltaba.

A través de videos de tránsito, además, se pudo confirmar que la patrulla 03094 y el vehículo en el que llevaban privadas de la libertad a las víctimas, así como un taxi que formaba parte del convoy, se trasladaron “al lugar donde se encontraron los cuerpos de las personas agraviadas”.

Con estas evidencias, el ombudsman concluyó que “el agente de la Policía de Investigación Luis Guillermo Flores Capetillo “colaboró” en la privación de la vida de ambos jóvenes, “al generar las condiciones para que (los asesinatos) se llevaran a cabo, pues fue el responsable de llevar a cabo su detención ilegal y arbitraria (…) y proporcionando informes falsos a sus superiores jerárquicos y a la autoridad ministerial”.

En este caso, destaca la recomendación 8/2013, las víctimas fueron colocadas en “situación de inferioridad e indefensión, se afectó su libertad e integridad personal, de forma previa a ser privadas de la vida; y su detención y muerte no tuvo causa legal”.