PGR investiga a elementos de la propia PGR

Dos de los casos más polémicos de las administraciones panistas por la actuación de las autoridades -la detención de Florence Cassez y la tragedia en la mina Pasta de Conchos- están oficialmente reactivados.

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que se investigan ministerialmente ambos incidentes; el de Cassez con una nueva averiguación y el de Pasta de Conchos con la reapertura del expediente, para revisar y, en su caso, sancionar las posibles actuaciones indebidas de servidores públicos.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, destacó que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos, independientemente del tiempo que haya transcurrido en cada caso.

En el asunto de Cassez, quien el pasado 25 de enero obtuvo su libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó un amparo por las violaciones al debido proceso, confirmó que ya se inició una nueva averiguación.

Dicha indagatoria tiene como base el informe y denuncia que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 13 de marzo pasado y la que se pide investigar a por lo menos 21 ex servidores públicos de la PGR, entre mandos y agentes de la AFI y ministerios públicos, por el montaje de la detención de Cassez.

“Se ha iniciado la averiguación previa, la CNDH plantea varios delitos, pero principalmente la obstrucción de la justicia. En la indagatoria se estarán señalando las presuntas responsabilidades que correspondan”, indicó el funcionario.

El subprocurador recordó que el ombudsman nacional tiene facultades, asentadas en el artículo 102 constitucional, para realizar investigaciones formales por presuntas violaciones a las garantías individuales, por lo que su informe presentado es la columna vertebral de la averiguación que ahora integra la PGR, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

“Además, como formulante de la denuncia de hechos, (la CNDH) tiene la función de coadyuvancia, de tal manera que muchas de las actuaciones y de las diligencias practicadas por ellos, están siendo sustanciadas y complementadas por las diligencias del Ministerio Público”, explicó.

De acuerdo con el informe de la Comisión, los ex mandos de la AFI de mayor jerarquía, que presuntamente actuaron de forma irregular en el caso, son el ex titular de esa corporación, Genaro García Luna, y el ex director General de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino.

El subprocurador sostuvo que será el fiscal encargado del caso quien determine si cita a declarar a García Luna, además del resto de los involucrados.

García Cervantes hizo énfasis en que también se revisará la actuación de agentes del Ministerio Público y auxiliares de la SEIDO y de otras áreas, que participaron en la investigación y que, según la CNDH, también fueron negligentes.

Cuestionado sobre sí los delitos ya prescribieron, el funcionario indicó que también es algo que considerará la fiscalía y, llegado el momento de la consignación del expediente, quedará bajo la valoración del juez.