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Panistas usan la política para hacerse ricos
El papel de los panistas que al llegar a cargos públicos aprovechan para beneficiarse profesionalmente o que después de su paso por el poder litigan aprovechándose de los contactos realizados durante su función pública, se ha vuelto recurrente.
El caso de César Nava Vázquez, de quien el periodista Carlos Loret de Mola dijo recientemente que hay una investigación en su contra por lavado de dinero, no es nuevo y se ha repetido en los últimos años.
Es un caso ilustrativo: de profesión abogado, ha estado ligado a Diego Fernández de Cevallos, y en 2002 –a la edad de 29 años– se convirtió en el abogado de Petróleos Mexicanos (Pemex). Encabezaba un cuerpo de abogados y pese a ello recurrió a otros despachos para defender la paraestatal.
“Cesar Nava en la Dirección Jurídica de Pemex y en infinidad de contratos favoreciendo a beneficiarios de panistas, con Amigos de Fox intervino resolviendo problemas y dando casos a despachos de su preferencia para que le pagaran a despachos externos y litigaran”, recuerda Jesús González Schmal, ex panista y litigante.
Luego, también se difundió que Nava Vázquez se benefició de sus contactos para adquirir un departamento de 15 millones de pesos con vista al Bosque de Chapultepec, en 7 millones y medio de pesos.
Sus detractores lo acusaron de tráfico de influencias. Otros casos son los de quienes alternan el negocio y la función pública elaborando leyes, cercanos a funcionarios de alto nivel y después litigando contra el Estado. Dos ejemplos son Fernando Gómez Mont, ex legislador, ex Secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y ahora también ex panista, y Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la Presidencia de México y ex Senador.
El primero representó a Minera Grupo México, la empresa dueña de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde en febrero de 2006 murieron 63 mineros cuyos cuerpos nunca fueron rescatados. En el caso de Fernández de Cevallos, se trata de un abogado, dueño de un influyente despacho, que incluso en su ejercicio legislativo litigó contra el Estado al que le ha ganado millonarias demandas.
El Partido Acción Nacional (PAN) es reconocido como un partido de abogados. Muchos de ellos han egresado de la Escuela Libre de Derecho, la segunda escuela en importancia detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y las mujeres panistas hasta cuentan con su propia red de abogadas.
Abogados son el ex presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, los ex dirigentes del blanquiazul César Nava y Germán Martínez Cázares, quien presidió el PAN entre el 8 de diciembre de 2007 y el 8 de agosto de 2009.
“El PAN había sido fuente de buenos juristas, legisladores, pero no de traficantes de influencias como se hace ahora”, lamenta González Schmal. Un factor para esta situación es que hay una legislación que no pone límites al tráfico de influencias o “coyotaje” de parte de quienes usan sus contactos políticos para litigar a favor de otros personajes o empresas, ni es clara en cuanto al conflicto de interés, dice por su parte el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva Villanueva.
“Es necesario ampliar el capítulo de tráfico de influencias e impedimentos legales que no haya relación con quienes estuvo relacionado, poner un plazo de tres años, para evitar lo que está pasando que haya grupos legales o seudolegales que venden relaciones a un precio altísimo y que por una vía ajustada a derecho tardaría muchos años resolver, son coyotes de cuello blanco que hacen un tráfico burdo sin pudor de las relaciones que hicieron frente a una sociedad que desconoce que esto existe”, dice el experto en transparencia y anticorrupción.
