Las empresas Aguas de Saltillo (Agsal) y la operadora extranjera Aguas de Barcelona (Agbar) son las dueñas y señoras del vital líquido en algunos municipios de Coahuila. Luego de la escasez de agua este año, el gobierno estatal, encabezado por Rubén Moreira Valdez, ha sugerido poner en manos de empresarios toda la distribución y venta del agua para que así llegue a todos los rincones de la entidad, dicen. Esa es la medida, aseguran los opositores en el Congreso local: dejar que paguen los que menos tienen, sobre todo cuando existe una deuda millonaria por pagar. Así, a las protestas ciudadana por el aumento de la violencia en la entidad, se unen ahora las voces de quienes reclaman al gobierno de Moreira Valdez la privatización del agua.
De acuerdo con la revista Contralínea, el agua en esta entidad está a la venta y hasta en oferta. Acciones de servidores públicos dejan entrever que el bien común tiene precio al plantearse la privatización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ramos Arizpe (SAPARA) en Coahuila.
La revista publica una investigación donde revela la estrategia del gobierno encabezado por Rubén Moreira. La privatización se dará con la anuencia de algunos de los integrantes del cabildo del municipio Ramos Arizpe: hasta ahora sólo se han opuesto los del Partido Acción Nacional (PAN).
Por otra parte, de acuerdo con el periódico Vanguardia, Óscar Pimentel González, quien es señalado como el principal operador de esta medida, afirma que no se busca privatizar los sistemas de agua potable y alcantarillado de los ayuntamientos de Coahuila, sino que se asegura el abasto de vital líquido.
Gloria Tobón, integrante de AUAS y quien fue entrevistada por Contralínea, indica que la pretensión del municipio de Saltillo y de Aguas de Saltillo de adquirir el sistema de Ramos Arizpe viola la Ley de Aguas de Coahuila. Agrega que la gente de esa ciudad debe estar consciente de lo que le representa esto.
“En realidad se está dando un bien público a una empresa que va a hacer negocio, y eso puede tener efectos graves en la ciudadanía, como lo hemos visto los saltillenses. Aumento de tarifas, que debían de ser de acuerdo al índice de precios al consumidor, lo cual no se ha respetado. Para junio de 2003 ya había seis aumentos de tarifas por encima del índice de precios al consumidor. Luego el cabildo ordenó revertir, pero lo hicieron en forma parcial. Algunos de esos aumentos los venimos arrastrando. El 30 de enero de este año se dieron aumentos del 22 y 44 por ciento, totalmente injustificados, violando un artículo de la Ley de Aguas del estado que indica que todo aumento debe ser justificado sobre la base de los costos que está teniendo el sistema; tiene que presentar un estudio de costos y ver cuál es exactamente el aumento que se necesita, pero la empresa ya estaba ganando dinero. No presentó ese estudio, la empresa ofreció cinco beneficios que no eran tales sino que era cumplir con la ley, lo cual no estaban haciendo”, afirma en entrevista Tobón.
Asimismo, Rodolfo Garza, también integrante de AUAS, comenta que la situación que se da en México, en particular en Coahuila, es insólita.
“Cuando Rubén Moreira integra su gabinete y aparece Óscar Pimentel, nosotros, que hemos dado seguimiento al caso del agua, supusimos que lo que se pretendía era fortalecer a Aguas de Saltillo y tratar de privatizar el mayor número de sistemas posibles en el estado. Ya lo estamos viendo, ya lo anunciaron, están dando declaraciones de que los sistemas operadores no funcionan; pero esto que está sucediendo aquí, como tantas otras cosas en México, son verdaderamente kafkianas. En muchos países de América Latina donde había sistemas semiprivatizados ya sacaron a las empresas trasnacionales porque se demostró que estaban utilizando el agua como una mercancía, y no como un bien común. Resulta que en México se les abre las puertas, y en específico en Saltillo”, expresa.
De acuerdo con éste último testimonio, integrantes del gabinete de Moreira han mantenido relaciones con empresas extranjeras desde hace años, como es el caso de Aguas de Barcelona. Muchas de las empresas que están operando o que podrían llegar a Coahuila tienen fama de lucrar con la necesidad de las personas por encima de ese derecho humano de acceso al líquido vital. Como en el caso de la empresa francesa Suez, que ha sido evidenciada por la prensa internacional de arrebatar o rehusarse a dar suministro a las zonas pobres, porque ahí no pueden pagar por su servicio.
