La autonomía histórica de los militares mexicanos y la enorme confianza pública en ellos “crean un ambiente de impunidad perpetuado por la renuencia del gobierno mexicano y la Secretaría de Defensa Nacional” a adoptar la reforma penal, indicó un reporte de la Universidad de San Diego.
El documento, titulado Armado con Impunidad, fue elaborado por el Instituto Transfronterizo (TransBorder Institute) de la USD y hace hincapié en que “en las últimas décadas, la rápida expansión del involucramiento de los militares en operaciones de seguridad doméstica y antidrogas ha creado serias preocupaciones sobre los esfuerzos y los riesgos que presentan para la población civil”.
El reporte propuso entre otras cosas una mayor participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México y de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado en la coordinación de la Iniciativa Mérida, “para asegurar que la protección a los derechos humanos se mantenga como una prioridad elevada y no como algo secundario”.
El texto plantea el fortalecimiento de la CNDH y hasta por concederle la autoridad para perseguir algunos casos específicos en cortes federales.
El trabajo académico subrayó que el enorme despliegue de los militares mexicanos incrementó la exposición y vulnerabilidad civil a los abusos cometidos por personal castrense, y precisó que desde su creación en 1990 y el 22 de julio de 2012, la CNDH recibió 140 mil 699 quejas escritas, y en 39 mil 651 casos encontró “motivaciones razonables”.
