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Una de policías y ladrones (El Matagrafitis)
Alfonso González
Con la novedad de que el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, al parecer fue quien movió cielo, mar y tierra para que su todavía subdirector de la Policía, Jaid Mothe Hernández, se entregara a las autoridades y enfrentara el presunto asesinato de Ricardo Cadena Becerra.
Se dice que el edil estalló en cólera una vez que se enteró del percance, por lo que le advirtió a la corporación y a la familia de Mothe Hernández que si el funcionario no se entregaba habría consecuencias para todos, particularmente para aquellos que acompañaron o pudieron haber encubierto al supuesto homicida el día de los hechos.
El edil advirtió, me cuentan, que el tema era sumamente delicado por tres cosas: La primera, porque había una persona fallecida; la segunda, porque el posible homicida es uno de los integrantes de su administración -de suma confianza-; y la tercera, porque él fue uno de críticos más agudos de la polémica Ley Antigrafiti recién aprobada por el Congreso del Estado y con la muerte de una persona el mundo se le vendría encima.
Por ello, lanzó una amenaza velada si es que Jaid Mothe, bautizado ya en San Pedro Cholula como “El Matagrafitis”, no aparecía.
El caso es que ayer por arte de magia, luego de los gritos y sombrerazos ocurridos en el gobierno cholulteca, el implicado apareció y se entregó a las autoridades argumentando que todo fue un accidente.
Sin embargo, el subdirector de la Policía, me confirman, será consignado por homicidio imprudencial y puesto tras las rejas por andar persiguiendo -a punta de pistola- a un par de grafiteros desarmados.
Y es que el cuento del accidente ni las autoridades, ni el edil de San Pedro, ni los familiares del hoy occiso se lo tragan, toda vez que ya por ahí alguien le preguntó al presunto homicida “¿por qué carajo llevabas tu arma empuñada y desenfundada?”
Por lo pronto, el caso ya hizo mucho ruido en San Pedro Cholula y tendrá consecuencias graves tanto legales para el responsable como políticas para el presidente municipal José Juan Espinosa si es que no se da puntual respuesta al asunto.
Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) está atenta al caso y a la Averiguación Previa 1224/2015, iniciada por el Ministerio Público de San Pedro Cholula.
Ante los hechos, no está de más recordar que las sanciones para quienes grafiteen, pinten o maltraten el mobiliario urbano -público y privado- van de 1 a seis años de prisión, con derecho a fianza siempre y cuando el agraviado otorgue el perdón.
Para ello, el Congreso local y los diputados aprobaron -el pasado miércoles 11 de marzo- una serie de reformas y adiciones diversas al Código Penal, al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, las cuales fortalecen el marco jurídico para la protección de las propiedades pública y privada y, en especial, el mobiliario urbano y los monumentos patrimonio histórico y cultural.
Con esta reforma se establece una pena de 1 a 3 años de cárcel, trabajo comunitario de 30 a 90 días, así como la posibilidad de salir de prisión al pagar una fianza, además de dejar sin efecto el proceso judicial siempre y cuando se otorgue el perdón del afectado, bajo el compromiso de resarcir el daño.
Para los bienes públicos, se avaló una pena de 2 a 4 años de cárcel con trabajo comunitario y la posibilidad de solicitar el perdón al gobierno del estado -a través del Ministerio Público-, además de arreglar el bien dañado.
El tercer esquema sancionador quedó asentado al adicionar el artículo 413, referente al daño a inmuebles que tengan un carácter histórico, cultural, arquitectónico o arqueológico. Así que la pinta en estos espacios se castigará de 3 a 6 años, sin posibilidad a pagar una fianza, ni a solicitar el perdón de las autoridades.
En Twitter: @poncharelazo
