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Corte Internacional de Justicia declara genocidio la persecución contra los rohinyás en Myanmar

La resolución reconoce las atrocidades cometidas durante la ofensiva militar de 2017 y ordena al Estado investigar a los responsables, garantizar la no repetición y reparar los daños causados a la población

Foto: X / @anadoluajansi

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó este jueves 19 de noviembre que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017, en una resolución histórica que establece por primera vez la responsabilidad de un Estado por este crimen en un fallo de este tribunal.

La decisión fue aprobada por nueve votos contra seis y corresponde al procedimiento iniciado por Gambia, país que denunció a Myanmar ante la máxima instancia judicial de Naciones Unidas por las violaciones cometidas contra esta comunidad en el estado de Rakáin.

En su resolución, la Corte concluyó que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron actos de genocidio mediante asesinatos, daños físicos y psicológicos graves y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de la población rohinyá.

El tribunal consideró que las pruebas demostraron la existencia de una intención de destruir una parte sustancial de esta comunidad, por lo que las acciones no podían explicarse únicamente como operaciones militares contra grupos insurgentes.

La sentencia constituye un precedente importante para la justicia internacional, pues establece la responsabilidad de Myanmar por incumplir sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

¿Quiénes son los rohinyás y por qué fueron perseguidos?

Los rohinyás son una comunidad étnica mayoritariamente musulmana que ha vivido durante generaciones en el estado de Rakáin, al oeste de Myanmar, cerca de la frontera con Bangladesh.

A pesar de su presencia histórica en el territorio, han enfrentado décadas de discriminación, restricciones y exclusión por parte de las autoridades birmanas.

Uno de los principales problemas ha sido el reconocimiento de su ciudadanía. La legislación y las políticas discriminatorias limitaron sus derechos y contribuyeron a que gran parte de la población rohinyá quedara en condición de apatridia, es decir, sin una nacionalidad reconocida.

La Corte examinó estos antecedentes y señaló que las restricciones relacionadas con la ciudadanía, los matrimonios y los nacimientos formaron parte del contexto de discriminación contra esta población.

La exclusión también se manifestó en las limitaciones para acceder a servicios, desplazarse libremente y participar en la vida pública.

Estas condiciones aumentaron la vulnerabilidad de la comunidad y fueron consideradas por los jueces al analizar la intención detrás de las operaciones militares.

La ofensiva militar de 2017 que provocó el éxodo

El episodio central del caso ocurrió en agosto de 2017, cuando el Ejército de Myanmar lanzó una operación militar en el estado de Rakáin, después de que integrantes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) atacaran alrededor de 30 puestos policiales y una base militar.

Las autoridades justificaron la ofensiva como una operación contra grupos insurgentes. Sin embargo, los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones internacionales documentaron asesinatos, violaciones sexuales, torturas y la destrucción de comunidades enteras.

Más de 730 mil rohinyás huyeron hacia Bangladesh durante los meses posteriores a la ofensiva, en uno de los mayores desplazamientos forzados de población registrados en Asia en las últimas décadas.

La violencia también dejó miles de víctimas mortales. En su sentencia, la Corte consideró respaldada por las pruebas la estimación de al menos 10 mil rohinyás asesinados durante las operaciones de 2017.

Actualmente, más de 1.3 millones de integrantes de esta comunidad permanecen desplazados en distintos países, de los cuales aproximadamente 1.2 millones se encuentran en campos de refugiados de Cox's Bazar, Bangladesh.

La situación continúa siendo complicada debido a la falta de condiciones de seguridad para un retorno voluntario y digno a Myanmar.

Gambia llevó el caso ante la justicia internacional

El proceso judicial comenzó en 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica.

El país africano argumentó que las operaciones militares contra los rohinyás violaron la Convención sobre Genocidio, un tratado internacional adoptado en 1948 que obliga a los Estados a prevenir y sancionar este delito.

En enero de 2020, la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a la población rohinyá que permanecía en Myanmar y evitar la destrucción de pruebas relacionadas con las acusaciones.

Durante las primeras audiencias, la entonces dirigente de Myanmar, Aung San Suu Kyi, rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos de Gambia como incompletos y engañosos.

El gobierno birmano sostuvo que sus operaciones respondían a amenazas de seguridad y no tenían como objetivo destruir a la población rohinyá.

Sin embargo, después de examinar testimonios, documentos, investigaciones y otras pruebas, la Corte concluyó que la escala y naturaleza de las acciones militares demostraban una intención genocida.

¿Qué consecuencias tendrá el fallo contra Myanmar?

La resolución establece distintas obligaciones para el Estado birmano.

Entre las principales medidas, la Corte determinó que Myanmar debe investigar a las personas sospechosas de participar en los actos de genocidio y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas.

También ordenó adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, establecer garantías de no repetición y cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de la población rohinyá.

Otro aspecto relevante es la reparación de los daños. El tribunal determinó que Myanmar tiene la obligación de compensar a la comunidad y a sus integrantes por las afectaciones causadas. La cantidad y las modalidades de esa compensación deberán definirse en una etapa posterior del procedimiento.

No obstante, el fallo tiene límites: la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias entre Estados, no juzga penalmente a personas ni emite órdenes de arresto individuales. Su sentencia es definitiva y obligatoria, aunque el cumplimiento depende en buena medida de los mecanismos internacionales y de la voluntad del Estado involucrado.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la resolución y señaló que representa un reconocimiento importante para las víctimas del genocidio.

También destacó que la impunidad frente a crímenes de esta gravedad no debe prevalecer y llamó a la comunidad internacional a respaldar una solución política que atienda las causas de la crisis.

Una sentencia histórica, pero una crisis que continúa

Aunque el fallo representa un avance para el reconocimiento de las víctimas, la población rohinyá todavía enfrenta desplazamiento, discriminación y condiciones de vida precarias.

La situación en Rakáin sigue siendo inestable debido al conflicto armado que enfrenta al Ejército de Myanmar con grupos insurgentes. A esto se suman las dificultades para garantizar el acceso a ayuda humanitaria y las condiciones necesarias para el regreso de los refugiados.

Para miles de familias, regresar a sus comunidades sigue siendo una posibilidad lejana mientras no existan garantías de seguridad, reconocimiento de derechos y protección frente a nuevas persecuciones.

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