Trinidad y Tobago da un paso histórico en el reconocimiento de los derechos LGBT+
La resolución reconoce la protección constitucional de la vida privada y la orientación sexual, y cuestiona disposiciones legales que tenían raíces en la época colonial británica
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Trinidad y Tobago dio un paso importante en materia de derechos humanos luego de que el Comité Judicial del Consejo Privado británico resolviera que las disposiciones legales utilizadas para criminalizar las relaciones sexuales privadas y consentidas entre adultos del mismo sexo son incompatibles con las garantías fundamentales de la Constitución.
La decisión fue emitida el 10 de noviembre de 2026 y representa el resultado de una batalla judicial de casi una década encabezada por Jason Jones, un ciudadano que cuestionó la constitucionalidad de las normas que penalizaban las relaciones homosexuales en el país caribeño.
El fallo determinó que los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales de 1986 no pueden quedar protegidos frente a una impugnación constitucional, debido a que no son razonablemente justificables en una sociedad que respeta los derechos y libertades individuales.
La resolución fue unánime y estuvo a cargo de cinco integrantes del máximo órgano judicial de apelación del país.
Una legislación con raíces en la época colonial
Las disposiciones cuestionadas tienen antecedentes en las leyes que criminalizaban las relaciones homosexuales durante el dominio británico en el Caribe.
Aunque Trinidad y Tobago obtuvo su independencia en 1962 y adoptó una nueva Constitución en 1976, algunas normas relacionadas con la sexualidad continuaron vigentes dentro de su legislación.
En 1986, el Parlamento aprobó una nueva Ley de Delitos Sexuales que incluyó disposiciones que penalizaban determinadas prácticas sexuales entre hombres y actos considerados de indecencia grave entre personas del mismo sexo.
Las normas contemplaban penas de hasta cinco años de prisión en determinados supuestos.
Uno de los principales argumentos de la impugnación fue que estas disposiciones vulneraban el derecho constitucional al respeto de la vida privada y familiar, además de generar discriminación por orientación sexual.
Jason Jones llevó el caso hasta la máxima instancia judicial
La batalla legal comenzó en febrero de 2017, cuando Jason Jones presentó una impugnación contra los artículos 13 y 16 de la legislación.
En abril de 2018, el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago falló a su favor y consideró que las disposiciones vulneraban sus derechos fundamentales.
Sin embargo, en marzo de 2025, un tribunal de apelaciones modificó parcialmente aquella resolución, lo que llevó a Jones a recurrir al Consejo Privado británico, que continúa siendo la última instancia de apelación para el país.
En su decisión del 10 de noviembre de 2026, el órgano judicial rechazó los argumentos del gobierno y determinó que las disposiciones cuestionadas no podían justificarse mediante las protecciones constitucionales invocadas para conservarlas.
El juez Philip Sales sostuvo que la orientación sexual y las relaciones privadas consentidas entre adultos forman parte de aspectos esenciales de la identidad y de la vida privada de las personas.
Tras conocer el resultado, Jones calificó la resolución como una victoria contundente y señaló que representa un avance en la lucha por la igualdad.
¿Qué cambia con la resolución?
El fallo representa un avance para los derechos de las personas LGBT+ en Trinidad y Tobago, debido a que elimina el fundamento constitucional para criminalizar las relaciones privadas y consentidas entre adultos del mismo sexo.
Las disposiciones cuestionadas habían permanecido en la legislación durante décadas, aunque las sanciones no se aplicaban de manera habitual en los últimos años.
La decisión también tiene un significado regional, debido a que otros países del Caribe mantienen leyes similares heredadas de la época colonial.
Entre ellos se encuentran Jamaica, Granada y San Vicente y las Granadinas, donde todavía existen disposiciones que criminalizan determinadas relaciones homosexuales.
No obstante, el proceso judicial en Trinidad y Tobago todavía contempla una etapa técnica: el Consejo Privado solicitó nuevos argumentos escritos antes de emitir la orden definitiva sobre las modificaciones que deberán realizarse a los artículos cuestionados.