Macron convoca al Consejo de Defensa y anuncia límites a las protestas en Francia
Las medidas contemplan prohibiciones para convocatorias consideradas sin legitimidad y cambios de ruta para proteger comercios y edificios públicos
Foto: Captura de pantalla
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves nuevas restricciones a las manifestaciones y convocó un Consejo de Defensa para el viernes 23 de octubre, con el objetivo de definir las medidas de seguridad ante las próximas movilizaciones, luego de los disturbios, saqueos y actos vandálicos registrados el fin de semana pasado.
Tras una reunión con responsables de los servicios de inteligencia y miembros de su gobierno en el Palacio del Elíseo, Macron señaló que las autoridades prohibirán las concentraciones convocadas por personas u organizaciones que, a su juicio, carezcan de legitimidad. En cambio, las manifestaciones organizadas por sindicatos podrán realizarse, aunque las autoridades podrán proponer recorridos alternativos para proteger las zonas comerciales y los edificios públicos.
“La prioridad es volver a la calma”, sostuvo el mandatario, quien defendió las restricciones como una medida para evitar nuevos episodios de violencia en las calles francesas.
Macron atribuyó parte de los disturbios del sábado 17 de octubre a grupos de extrema izquierda, a los que acusó de realizar acciones políticas y sediciosas para desestabilizar la República. También pidió actuar con firmeza contra quienes participaron en saqueos y otros delitos, al considerar que se trata de hechos distintos.
¿Por qué Francia restringe las manifestaciones?
El anuncio se produce después de una jornada de protestas que derivó en enfrentamientos, saqueos, incendios y daños a edificios públicos y establecimientos comerciales en varias ciudades del país.
Las autoridades buscan evitar que los incidentes se repitan durante las movilizaciones previstas para este sábado 24 de octubre. En ciudades como Lyon y Marsella se anunciaron prohibiciones de manifestaciones, mientras que en París algunas convocatorias quedaron sujetas a restricciones de recorrido o fueron prohibidas.
Sin embargo, las medidas no han sido uniformes. Un tribunal administrativo anuló la prohibición policial de una protesta estudiantil prevista en París para este jueves, lo que permitió que se realizara bajo condiciones de seguridad. El caso evidencia la intervención de las autoridades judiciales ante las restricciones al derecho de reunión.
El gobierno sostiene que las medidas buscan proteger a la población y evitar nuevos daños. No obstante, las prohibiciones también han generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el derecho constitucional a manifestarse.
Las protestas comenzaron por demandas educativas y el costo de vida
Las movilizaciones surgieron a partir de inconformidades estudiantiles relacionadas con la falta de personal en las escuelas, el deterioro de las instalaciones y la insuficiencia de recursos para la educación.
Las protestas se extendieron desde Créteil, en las afueras de París, hacia otras zonas de Francia. Con el paso de los días, las demandas se ampliaron y se incorporaron reclamos por el aumento del costo de vida, los salarios y las condiciones de los servicios públicos.
La violencia registrada el 17 de octubre elevó la tensión política y obligó al gobierno a reforzar su respuesta de seguridad. En Limoges, por ejemplo, un incendio provocó graves daños en el edificio del ayuntamiento. Las autoridades también reportaron saqueos de comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El descontento social se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027, en las que Francia elegirá al sucesor de Macron.
Gobierno prepara un operativo para el sábado
Ante el riesgo de nuevos disturbios, las autoridades francesas preparan un despliegue reforzado de policías y otras fuerzas de seguridad. Algunos comercios de París han comenzado a proteger sus escaparates y a reforzar la vigilancia para prevenir saqueos.
El Consejo de Defensa convocado por Macron permitirá evaluar la situación y definir los siguientes pasos antes de las nuevas manifestaciones. La reunión se suma a los encuentros encabezados por el primer ministro, Sébastien Lecornu, con representantes políticos y autoridades locales para abordar la crisis.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, planteó endurecer las consecuencias para quienes incumplan las prohibiciones o participen en actos violentos, incluidas posibles restricciones de derechos políticos y de acceso a redes sociales. Estas propuestas forman parte del debate sobre la respuesta penal y todavía deben distinguirse de las medidas formalmente aprobadas.
El gobierno francés enfrenta así el desafío de contener la violencia sin cerrar el espacio para las manifestaciones pacíficas, mientras sindicatos, estudiantes y otros grupos mantienen sus convocatorias y preparan nuevas jornadas de movilización.