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Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana

También incluye a las FARC-EP y el ELN, de Colombia, y a Los Tiguerones, de Ecuador. Las cinco organizaciones fueron incorporadas al registro de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento

Foto: Lucas / pexels

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El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, dos grupos criminales de origen mexicano. La medida incluye también a organizaciones de Colombia y Ecuador y forma parte de la estrategia argentina contra el crimen organizado transnacional.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente y formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial de Argentina este jueves.

Además de los dos cárteles mexicanos, la disposición contempla a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos de Colombia, y la organización ecuatoriana Los Tiguerones.

Las cinco agrupaciones fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una herramienta que permite a las autoridades argentinas fortalecer la prevención, la detección de riesgos y el intercambio de información con otros países.

¿Por qué Argentina declaró terroristas a los cárteles mexicanos?

De acuerdo con el comunicado oficial, el Gobierno argentino identificó al Cártel de Sinaloa como una organización criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas.

En el caso de La Nueva Familia Michoacana, las autoridades argentinas señalaron su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

El Ejecutivo sostuvo que la capacidad operativa de estas organizaciones, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas representan riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de Argentina.

La resolución fue coordinada entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia, así como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Al anunciar la medida, el presidente Javier Milei reiteró su postura contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y afirmó que su administración busca combatir a las organizaciones que utilizan la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal.

Estados Unidos ya había designado terroristas a los cárteles

La decisión argentina ocurre después de que Estados Unidos designara al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, durante el inicio de la administración del presidente Donald Trump.

La designación estadounidense incluyó también a otros grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.

Posteriormente, en marzo de 2026, Argentina también declaró organización terrorista al CJNG, en una decisión que acercó su política de seguridad a la estrategia estadounidense frente a los cárteles.

Estas clasificaciones corresponden a decisiones adoptadas por cada gobierno dentro de su propio marco jurídico. La determinación argentina incorpora a las cinco organizaciones a su registro nacional y busca fortalecer los mecanismos de cooperación frente a amenazas que, según las autoridades, trascienden las fronteras.

¿Qué implica la decisión para los grupos criminales?

La inclusión en el RePET permite a las autoridades argentinas contar con un instrumento para la prevención y detección de posibles vínculos con actividades terroristas y su financiamiento, además de facilitar el intercambio de información con organismos de otros países.

Con esta decisión, el Gobierno de Milei amplía las organizaciones incluidas en su estrategia contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, en un contexto de mayor cooperación internacional para enfrentar las actividades ilícitas de grupos que operan en distintos países.