El Gobierno de Estados Unidos acusó a los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que el pasado 1 de julio pidieron más tiempo a la Justicia para revisar nuevos materiales, de haberse embarcado en una “expedición de pesca” de pruebas y pidieron que su solicitud sea rechazada.
“No se debe permitir a la defensa que retrase la sentencia y tome parte en una expedición de pesca de un año de duración”, aseguró la Fiscalía en un escrito dirigido al juez Brian Cogan.
El abogado de Luna, César de Castro, pidió a Cogan que amplíe hasta el 15 de diciembre el plazo para que la defensa pueda interponer mociones de cara a una posible repetición del proceso.
Castro argumentó que necesita tiempo para revisar nuevos materiales “relevantes” para probablemente solicitar una repetición del juicio contra el exfuncionario, declarado culpable de narcotráfico este año.
Después del veredicto, la defensa tenía hasta el 7 de abril para presentar mociones, pero el abogado pidió tres meses extra para revisar “nuevas pruebas favorables” aportadas por “agentes de las fuerzas del orden” de México y Estados Unidos, entre otras personas, y ahora se adelanta al vencimiento de ese plazo para redoblar sus argumentos.
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El abogado señaló que “a medida que más personas conocen la naturaleza de las pruebas contra el señor García Luna, aún antiguos funcionarios” están aportando “información que creen podría haber sido útil para la defensa en el juicio”.
Concretamente, en el último mes, los abogados de García Luna han recibido “miles de páginas de material, archivos de audio y video” que no habían “visto nunca”, pero De Castro matiza que la mayoría están en español, por lo que las limitaciones de idioma están “retrasando” su revisión.
“Entendemos que este no puede ser un proceso indefinido; sin embargo, los materiales que hemos recibido son directamente relevantes para el caso y muchos son materiales de las fuerzas del orden”, exhorta.
De aceptarse esta nueva petición de aplazamiento, la fecha de la sentencia, programada para el 27 de septiembre, podría retrasarse hasta el 1 de marzo de 2024.
La Fiscalía pide a Cogan que rechace la solicitud y subraya que el equipo de abogados de García Luna tuvo más de tres años para hablar con testigos, emitir citaciones e investigar posibles defensas.
Además, sostiene que no ha ofrecido ningún tipo de información sobre los “supuestos testigos” o sobre la proveniencia de los documentos recibidos.
