El pasado sábado 1 de julio, entró en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios.
En concreto, la ley obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.
Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1,000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.
Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5,000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10,000 dólares si es menor de edad.
“Si te traes a tu tía a Disney World, a Miami, o a Universal Studios te pueden acusar de un delito por traer a una persona indocumentada a Florida“, declaró el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Domingo García.
“Florida es un lugar peligroso y hostil para los estadounidenses que cumplen la ley y para los inmigrantes”, denunció García, cuya organización no recomienda viajar a Florida.
La norma prevé además un presupuesto de doce millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.
Asimismo, la ley prohíbe a las ciudades y condados del estado de Florida la emisión de identificaciones comunitarias y anula los carnés de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.
Algo que realmente preocupa a los inmigrantes indocumentados es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.
Foto: Twitter/ @venezuela_migra
De igual manera, prohíbe a los ciudadanos chinos comprar terrenos en ninguna parte del estado puesto que DeSantis “no quiere” al Partido Comunista Chino (PCCh) en Florida. También prohíbe a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán comprar tierras destinadas a la agricultura, así como aquellas que estén cerca de infraestructuras críticas, como aeropuertos, instalaciones militares y centrales eléctricas.
Dicha ley es calificada por organizaciones civiles y en defensa de derechos humanos como “discriminatoria y peligrosa”.
El Gobierno de México, a través del Consulado General de México en Miami y el Consulado de México en Orlando, considera que la criminalización no es el camino adecuado para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada, señala.
“El Gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida. Se estarán reforzando nuestras acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, y continuaremos velando por los intereses de toda nuestra comunidad, indistintamente de su condición migratoria”, estableció la SRE.
