Activistas denuncian “dispersión arbitraria” de migrantes tras la derogación del Título 42

Las recientes medidas implementadas por Estados Unidos en relación al asilo han agravado la situación de los migrantes en México, según grupos activistas. El fin de la norma sanitaria conocida como Título 42 y las nuevas restricciones en el trámite de solicitud de asilo han llevado a una dispersión arbitraria de los migrantes en diferentes partes del país.

Aunque se ha reducido el número de personas que cruzan la frontera, las medidas no han aumentado la protección de los más vulnerables ni han abordado la violencia y la persecución política en la región. Esto ha llevado a un desbordamiento de los albergues para migrantes y refugiados, que operan por encima del 800 por ciento de su capacidad.

En respuesta a las acciones tomadas por el gobierno del presidente Joe Biden, los activistas han denunciado la grave crisis humanitaria que se está desarrollando en México. Sandra García Álvarez, directora ejecutiva de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), describió la situación como un desastre humanitario.

Según García, México ahora se enfrenta a la dispersión arbitraria de migrantes expulsados desde Estados Unidos, que son enviados a diferentes partes del país en lugar de ser devueltos a sus países de origen.

Álex Morse, subdirector regional de Church World Services, advirtió que las medidas adoptadas por la administración Biden han logrado reducir el flujo de personas que cruzan la frontera diariamente, pero no han brindado mayor protección a los más vulnerables.

Morse subrayó que estas medidas no abordan la violencia y la persecución política en la región, lo cual impulsa a muchas personas a buscar seguridad en otros lugares. Como resultado, el número de personas que ingresan a México sigue aumentando.

Un informe de una organización destacó que las decisiones de las autoridades en México y Estados Unidos están influenciadas por intereses políticos y electorales, en lugar de priorizar la vida, la seguridad, la integridad y los derechos de las personas en situación de movilidad forzada.