Las autoridades israelíes deben desmantelar el sistema de apartheid que está causando tanto sufrimiento y derramamiento de sangre, declaró hoy Amnistía Internacional. Desde que la organización lanzó hace un año una gran campaña contra el apartheid, las fuerzas israelíes han matado a casi 220 personas palestinas, 35 de ellas sólo en enero de 2023. Los homicidios ilegítimos contribuyen a mantener el sistema de apartheid de Israel y constituyen crímenes de lesa humanidad, al igual que otras violaciones graves y continuas cometidas por las autoridades israelíes, como la detención administrativa y los traslados forzosos.
En los últimos días, una serie de atentados mortales ha puesto de relieve la urgente necesidad de rendir cuentas. El 26 de enero, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una incursión en el campo de refugiados de Yenín y mataron a 10 personas palestinas, entre ellas una mujer de 61 años. El 27 de enero, siete personas israelíes murieron cuando un hombre palestino armado abrió fuego en Neve Ya’akov, asentamiento israelí en la Jerusalén Oriental ocupada. En respuesta a este ataque, las autoridades israelíes han intensificado el castigo colectivo contra las personas palestinas, llevando a cabo detenciones masivas y amenazando con demoliciones punitivas de viviendas.
Los devastadores acontecimientos de la semana pasada han puesto de manifiesto una vez más el costo mortal del sistema de apartheid. La incapacidad de la comunidad internacional para hacer rendir cuentas a las autoridades israelíes por el apartheid y otros crímenes les ha dado libertad de acción para segregar, controlar y oprimir a las personas palestinas a diario, y contribuye a perpetuar una violencia mortal. El apartheid es un crimen contra la humanidad, y es francamente escalofriante ver cómo sus autores eluden la justicia año tras año” declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Israel lleva mucho tiempo intentando silenciar los resultados del apartheid con campañas de difamación selectivas, y la comunidad internacional se deja intimidar por estas tácticas. Hasta que no se desmantele el apartheid no hay esperanza de proteger las vidas de las personas, ni de justicia para las familias en duelo de Palestina e Israel”, declaró la secretaria.
Bajo el régimen del apartheid, las autoridades israelíes controlan prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas palestinas y las someten diariamente a opresión y discriminación mediante la fragmentación territorial y la segregación legal. Las personas palestinas de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) están segregadas en enclaves separados, y los que viven en la Franja de Gaza están aislados del resto del mundo por el bloqueo ilegal de Israel, que ha provocado una crisis humanitaria y constituye una forma de castigo colectivo.
Pruebas diarias de apartheid
El 1 de febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe en el que detalla cómo Israel impone un sistema institucionalizado de opresión y dominación contra las personas palestinas allí donde tiene control sobre sus derechos: en Israel, en los TPO y contra las personas refugiadas desplazadas, al negarles su derecho al retorno. El informe muestra cómo las leyes, políticas y prácticas israelíes se promulgan con el objetivo primordial de mantener una mayoría demográfica judía y maximizar el control de la tierra y los recursos en beneficio de las personas judías israelíes y en detrimento de las personas palestinas
El año 2022 fue uno de los más mortíferos para las personas palestinas en la Cisjordania ocupada desde al menos 2005, con unas 153 personas palestinos, entre ellos decenas de niñas y niños, muertas a manos de las fuerzas israelíes, la mayoría en el contexto de un aumento de las redadas militares y las operaciones de detención. Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron que 33 personas palestinas, 17 de ellas civiles, murieron a manos de las fuerzas israelíes durante su ofensiva de agosto de 2022 sobre Gaza, y que al menos siete personas civiles murieron a causa de cohetes lanzados por grupos armados palestinos.
Mientras tanto, los incidentes de violencia de colonos israelíes contra personas palestinas aumentaron por sexto año consecutivo en 2022, con ataques que incluyen agresiones físicas, daños materiales y destrucción de olivares. Está ampliamente documentado que las autoridades israelíes consienten y facilitan esta violencia, incluso deteniendo a las personas palestinas atacadas, proporcionando escolta armada a los colonos o simplemente mirando desde la barrera mientras las personas palestinas son golpeadas y sus propiedades destruidas. Esta cultura de impunidad ha fomentado más violencia, como demuestra la oleada de ataques de colonos que han tenido lugar en los últimos días.
Tras el tiroteo de Neve Ya’akov, las autoridades israelíes han parecido incitar a una mayor violencia contra las personas palestinas al anunciar planes para agilizar las licencias de armas “con el fin de permitir que miles de ciudadanos más lleven armas”. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que ya se ha comprometido a ampliar masivamente los asentamientos ilegales en los TPO, dijo también que el gobierno tenía previsto “reforzar los asentamientos”.
Todos los asentamientos israelíes en los TPO son ilegales de acuerdo con el derecho internacional, y la prolongada política israelí de asentar personas en territorio ocupado constituye un crimen de guerra.
El aumento de la expansión de los asentamientos expondrá a innumerables personas palestinas al riesgo de traslado forzoso, un crimen contra la humanidad que las autoridades israelíes han cometido de forma sistemática. Un ejemplo reciente es la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2022 que dio luz verde al traslado forzoso de más de 1.150 personas palestinas de Masafer Yatta, en Cisjordania. El año pasado, las autoridades israelíes también intensificaron sus planes para demoler la aldea no reconocida de Ras Jrabah, en la región israelí del Néguev/Naqab, y desplazar a las 500 personas residentes palestino-beduinas, mientras que en enero de 2023 se demolió por 212ª vez la aldea beduina de Al Araqib. El informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid mostraba cómo se llevan a cabo los desalojos forzosos en el Néguev/Naqab, y en todo el territorio palestino ocupado, en aras de los objetivos demográficos de Israel.
Creciente reconocimiento
En medio de estas violaciones, existe un creciente reconocimiento internacional de que las autoridades israelíes están cometiendo apartheid. Las personas palestinas llevan mucho tiempo pidiendo que se entienda el régimen de Israel como apartheid, y organizaciones palestinas como Al-Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos y Al Mezan han estado a la vanguardia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con este fin.
La presión en favor de este reconocimiento cobró impulso en 2022, cuando dos personas relatoras de la ONU concluyeron que las autoridades israelíes cometían apartheid. El número de Estados que se refirieron en el Consejo de Derechos Humanos al apartheid cometido por Israel se duplicó, pasando de nueve en 2021 a 18 en 2022. En particular, Sudáfrica y Namibia se encuentran entre los Estados que han expresado su preocupación porque el trato de Israel a los palestinos constituya apartheid. Varias organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes también han pedido el fin del apartheid, entre ellas Human Rights Watch, B’Tselem y Yesh Din.
Las autoridades israelíes han hecho todo lo posible por suprimir y desacreditar las conclusiones del apartheid. Las consecuencias son especialmente graves para las personas palestinas defensoras de los derechos humanos: en agosto del año pasado, las autoridades israelíes registraron las oficinas de siete destacadas ONG palestinas tras calificarlas de “entidades terroristas” y declararlas ilegales. En diciembre, Salah Hammouri, investigador sobre el terreno de la organización de defensa de los derechos de los presos Addameer, fue desposeído de su residencia en Jerusalén y expulsado a Francia tras pasar nueve meses en detención administrativa.
Desprecio por el derecho internacional
En mayo de 2023, el historial de Israel en materia de derechos humanos se someterá a escrutinio en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades israelíes instándolas a participar, pero aún no se han sometido al proceso de examen. Las autoridades israelíes han ignorado la mayoría de las recomendaciones presentadas por los Estados examinadores y respaldadas por el Consejo de Derechos Humanos durante el anterior ciclo del EPU, en 2018. Por ejemplo, a pesar de que se les ha instado en repetidas ocasiones a lo largo de los años, y de nuevo en 2018, a poner fin a la detención administrativa, Israel mantiene actualmente recluidas a más de 860 personas palestinas sin cargos, ni juicio, la cifra más alta en 15 años.
El prolongado desprecio por parte de las autoridades israelíes de sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de las recomendaciones de la comunidad internacional sigue teniendo consecuencias nefastas para los palestinos y socava también la protección de los derechos de las personas israelíes.
Ningún Estado debe incurrir en desacato sistemático y con impunidad del derecho internacional, incluidas las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Pedimos a los Estados que pongan fin a toda forma de apoyo a las violaciones de Israel y que rompan con años de inacción cómplice haciendo que las autoridades israelíes rindan cuentas” declaró Agnès Callamard.
