El representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, consideró que en el caso de la desaparición y asesinato de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, se configura la desaparición forzada de los jóvenes, lo anterior, por la actuación de elementos del Estado mexicano.
“Indudablemente es una violación grave a los derechos humanos la desaparición forzada de estos jóvenes y el fallecimiento de otras seis personas y las que resultaron heridas. Y desde las Naciones Unidas a la investigación de estos casos y a la sanción de los responsables. Hay un reto de las autoridades en ese sentido de investigar el caso y esperamos que se pongan todos los medios al alcance para hacer la investigación de los hechos y se sancione a los responsables”, declaró.
Luego de reunirse en privado con los integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que lleva el caso, el representante del organismo internacional, indicó que se hicieron algunas recomendaciones a los legisladores, para que se tomen medidas en materia de protocolos de atención a víctimas y los hechos no se vuelvan a repetir.
“Hemos estado conversando con ellos sobre, por ejemplo, la oportunidad a lo mejor de tener un plan de búsqueda, un mecanismo de búsqueda; la oportunidad quizás de una Ley Federal e integral sobre desaparición forzada que abarque la complejidad de esta violación a los derechos humanos. Son las autoridades las que van a investigar y las que tendrán que pronunciar sobre los resultados de las investigaciones”, abundó.
En cuanto a las declaraciones de personajes cercanos a las víctimas, como el padre Alejandro Solalinde, en cuanto a que los normalistas han muerto pero la autoridad no lo ha informado y que el Estado mexicano pudiese tener responsabilidades qué reclamar en tribunales internacionales, Peña Palacios reiteró que es la autoridad mexicana la encargada de reportar del resultado de las indagatorias.
Recalcó que las autoridades son las encargadas de esclarecer el caso a la brevedad, en tanto que el Legislativo debería tomar medidas, para brindar garantías de no repetición de sucesos como los de Iguala, Guerrero y hacer frente a los retos en materia de derechos humanos en México.
Al respecto, la vicecoordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT) e integrante de la Comisión Especial, Lilia Aguilar, señaló que el mensaje más importante del representante de la ONU, es que la desaparición de los normalistas fue forzada y dado que en las agresiones participaron elementos policiacos municipales, se trata de un asunto que le compete al Estado mexicano en su conjunto.
Agregó que para la ONU representa una preocupación la intervención de la autoridad en las primeras 72 horas después de la desaparición de los normalistas y conforme a los protocolos de actuación contemplados en tratados internacionales firmados por México, pues dichas condiciones no se presentaron, abundó la legisladora.
Aguilar Gil señaló que para referirse a la situación en análisis, los representantes de la ONU describieron a los diputados en qué casos se configuran las desapariciones forzadas y ante la participación de elementos policiacos municipales, el razonamiento apunta a que se configura claramente ese delito.
De igual modo, la ONU identificó que existe estigmatización hacia los estudiantes normalistas que, de acuerdo a la mirada internacional, son víctimas indirectas pero “colectivas”, por formar parte de un grupo que ha sido sujeto a discriminación y violencia.
De modo que el Estado mexicano debería garantizar sus derechos y resguardar su seguridad, consideró la congresista.
Otro elemento que destacaron los asistentes a la reunión, detalló la diputada del PT, es el uso de la fuerza en México; así como el incumplimiento en los procesos de preservación de la escena de los hechos, al igual que la falta de cumplimiento de los protocolos para exhumar los restos de las fosas localizadas en Iguala, por lo que no es posible afirmar si los cuerpos encontrados pertenecen o no a los estudiantes.
Agregó que a la ONU también le preocupan las constantes violaciones graves a derechos humanos en México, en función de que elementos del Estado mexicano, como los policías municipales de Iguala, participaron en las agresiones a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
En cuanto a qué nivel de autoridad es responsable por las violaciones graves a derechos humanos en el caso de los normalistas, para la ONU se trata de los tres niveles de gobierno; mientras que en lo tocante a la exhumación de los cuerpos de las fosas clandestinas localizadas, la carga le compete a la Procuraduría General de la República (PGR), abundó.
La diputada Lilia Aguilar indicó que en cuanto al desempeño de los elementos del Ejército destacados en la zona, el representante de la ONU fue muy institucional y señaló que la postura del organismo es que los militares regresen a sus cuarteles.
Sin embargo, de acuerdo al vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Ricardo Mejía, el invitado dijo que hubo “omisión” de los militares para defender a los jóvenes.
“Representante adjunto de OACNUDH DE @ONU_derechos refiere omisión d miembros de ejército para defender jóvenes de #Ayotzinapa #Iguala”, escribió textualmente en su cuenta de Twitter, @RicardoMeb.
Reiteró que Peña Palacios subrayó la importancia de contar con una ley en materia de desapariciones forzadas y que “toda la comunidad de Ayotzinapa puede catalogarse como víctimas colectivas”.
Mejía Berdeja señaló que en esos términos y a su parecer, es posible establecer distintos grados de responsabilidad en las autoridades que han intervenido en las indagatorias y tratamiento de los hechos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial y diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya, agregó que dicha instancia buscará una reunión con el padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el Camino.
Lo anterior, luego de que Solalinde Guerra afirmara que los 43 estudiantes considerados desaparecidos, en realidad fueron asesinados y algunos de ellos quemados por miembros del crimen organizado, pero la autoridad no ha querido informar al respecto.
Del mismo modo, Anaya Llamas añadió que éste martes 21 de octubre, los miembros de la Comisión acudirán a las 17:30 horas, a la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNHD), para sostener una reunión con su titular, Raúl Plascencia.
En tanto que para el miércoles 22 de octubre, los diputados se reunirán con representantes de la organización Amnistía Nacional (AI), añadió.
A ese respecto, la diputada Aguilar Gil señaló que la solicitud para recibir al padre Solalinde ya se presentó de manera formal ante la Comisión Especial y también se insistirá en que a la brevedad, los diputados se reúnan con familiares de las víctimas y en particular, con los sobrevivientes del ataque a los normalistas.
