Kirchner propone reforma constitucional para reelegirse

Buenos Aires. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner desestimó esta noche propiciar una reforma de la Constitución que podría permitirle ser reelegida en 2015, una iniciativa que reclama el oficialismo y rechaza la oposición.

"No voy a proponer una reforma de la Constitución", afirmó la mandataria ante miles de partidarios al cerrar el Congreso para la Democratización de la Justicia, organizado por una universidad estatal en un estadio de la periferia oeste. La Constitución habilita una sola reelección presidencial, lograda por Kirchner en 2011 con el 54% de los votos.

Los partidos opositores al gubernamental Frente para la Victoria (peronistas y aliados) sostienen que detrás de una eventual modificación de la Carta Magna se esconde un intento por eternizarse en el poder.

Kirchner, de 60 años, recordó que acaba de lograr que el Congreso, donde tiene mayoría, apruebe un paquete de leyes de reforma del Poder Judicial, con el argumento de que debe ser democratizado. La oposición intentó frenar la reforma judicial tras denunciar que responde a una maniobra de la mandataria para controlar a los jueces y suprimir su independencia.

"¿Cómo se puede estar en contra de que los miembros del órgano político de la Justicia, el Consejo de la Magistratura, sean elegidos por voto popular?", inquirió Kirchner ante la multitud, al referirse al objetivo de una de las leyes, en el popular distrito de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

Doce de los 19 integrantes del Consejo, que elige y remueve jueces, serán elegidos en las urnas en las próximas elecciones legislativas de renovación de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, el 27 de octubre.

"¿Cómo puede alguien decir que está mal que voten 40 millones de argentinos para elegir a los consejeros y que, por el contrario, deberían seguir siendo elegidos por abogados y funcionarios judiciales?", continuó su argumento.

La reforma judicial también restringió las medidas cautelares, recurso destinado a prevenir derechos y que utilizó el poderoso grupo multimedios Clarín desde 2009 para evitar una cláusula antimonopólica de la ley audiovisual que lo obligaba a desprenderse de radios y señales de TV.

El caso del enfrentamiento del gobierno con Clarín por la cláusula es ahora analizado por la Corte Suprema, sin plazo para expedirse sobre si es o no constitucional limitar la tenencia de empresas audiovisuales.

Las declaraciones de Fernández zanjan la polémica sobre las supuestas intenciones del oficialismo de proponer una reforma constitucional que abriría la puerta a una segunda reelección de la presidenta para un tercer mandato.

Cristina Fernández eligió el cierre del congreso sobre democratización de la Justicia organizado en la Universidad de La Matanza para realizar el anuncio, en un gesto que algunos medios locales interpretan como el pistoletazo de salida de la campaña oficialista para las elecciones legislativas del próximo octubre, en el ecuador de su mandato.

La reforma impulsada por el Gobierno amplía la composición del Consejo de la Magistratura y habilita la elección popular de sus miembros. Además, la propuesta limita la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado y crea tres cámaras de casación, entre otras iniciativas.

El Gobierno argentino defiende que los cambios pretenden "democratizar el Poder Judicial", pero la oposición y organismos internacionales, incluida una relatoría de la ONU, advierten que suponen "la politización" de la Justicia y ponen en riesgo su independencia.

La reforma coincide, además, con el aumento de los escándalos por corrupción que salpican al entorno presidencial y que han llegado a la Justicia, que investiga causas por asociación ilícita.

Entre los testigos de uno de los procesos abiertos figura la secretaria del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, que declaró hoy ante un juez de Buenos Aires, a puerta cerrada, tras revelar en un programa de televisión que colaboradores del exmandatario trasladaban bolsas de dinero desde la Casa de Gobierno a la residencia familiar del matrimonio presidencial.

Sus revelaciones se suman a las denuncias periodísticas sobre la supuesta relación del empresario Lázaro Báez, estrechamente ligado a Kirchner, con presuntas actividades de lavado de dinero. Báez acudió hoy a la fiscalía de Río Gallegos y se puso a disposición de la justicia para tratar de demostrar su inocencia.

Entretanto, el Gobierno, que se había mantenido en silencio hasta ahora, salió a descalificar las denuncias asegurando que son "chusmeríos" de "alcahuetes mediáticos".

Mientras el Ejecutivo de Cristina Fernández carga contra la prensa, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, firmó hoy un decreto de necesidad y urgencia "para la protección de la libertad de prensa y expresión" en la ciudad.

"El orden jurídico nos obliga a resguardar la libertad de prensa y expresión, no es una alternativa, es una obligación", aseguró Macri en una improvisada rueda de prensa. "En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la ciudad y enmarca una protección para los periodistas en nuestro territorio", concluyó.

La decisión de Macri coincide con un incremento de la tensión entre el Gobierno de Fernández y el Grupo Clarín, el principal multimedia del país, que ha denunciado un aumento de la presión oficial contra el holding con 14 peticiones de información de la Comisión del Mercado de Valores en los últimos cuatro días.