El Tribunal Supremo español fijó hasta el 3 de abril de 2022 el tiempo que permanecerá Baltasar Garzón inhabilitado como juez, tras haber sido condenado por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios de los imputados en un caso de corrupción y sus abogados.
En un auto con fecha del 16 de mayo, el alto tribunal español ratifica así la liquidación de condena del ex magistrado de la Audiencia Nacional, condenado a 11 años de inhabilitación y al pago de una multa de 2 mil 520 euros por los delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales.
En febrero pasado el Supremo condenó a Garzón por considerar que ordenar la grabación de las conversaciones fue una resolución injusta que restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
A raíz de esa condena, Garzón, que en España fue el azote de la banda terrorista ETA y abrió casos de otras partes del mundo en virtud de la “justicia universal”, como la orden de detención contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, perdió su condición de juez.
