Colectivas feministas y comunidad indígena respaldan a notaria Norma Romero ante la SCJN
Mediante dos pronunciamientos, solicitaron que el máximo tribunal atraiga el recurso de revisión 311/2026 y examine los señalamientos de presunta violencia de género e institucional desde los estándares internacionales de derechos humanos
Foto: Especial
Los documentos fueron ingresados el pasado 12 de noviembre y solicitan que el máximo tribunal ejerza su facultad de atracción sobre el recurso de revisión 311/2026, derivado del juicio de amparo indirecto 1497/2025.
Las promoventes plantean que el caso no se analice únicamente desde una perspectiva administrativa o procesal, sino que también se consideren posibles expresiones de violencia de género e institucional contra la fedataria.
Piden análisis con perspectiva feminista y de género
Uno de los escritos fue presentado bajo la figura de amicus curiae por colectivos especializados en derecho constitucional y litigio estratégico. En él, solicitaron a la SCJN estudiar el expediente desde una perspectiva feminista, de igualdad sustantiva e interseccionalidad.
El propósito es identificar posibles relaciones desiguales de poder, discriminación y violencia institucional que, señalaron, habrían afectado la vida profesional, económica y personal de Romero Cortés.
La notaria ha denunciado presuntos actos de hostigamiento y violencia de género atribuidos al exdelegado regional del Infonavit en Puebla, Tony Kuri Alam.
Las organizaciones también señalaron que durante el proceso previo habría ocurrido revictimización y se habrían invisibilizado elementos probatorios relevantes. Por ello, pidieron aplicar los estándares de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Comunidad de San José Zetina expresa su respaldo
Por separado, integrantes de la comunidad indígena de San José Zetina presentaron un pronunciamiento para expresar su solidaridad con Norma Romero, a quien reconocieron por el acompañamiento que les ha brindado en la defensa y restitución de sus tierras ancestrales.
Con fundamento en el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señalaron que su intervención no busca sustituir la labor de los tribunales ni anticipar una resolución.
En su documento expresaron: “Ella ha cuidado de nuestros derechos. Hoy queremos cuidar de los suyos, porque nadie debería quedar solo después de haber acompañado a otros en su lucha por la justicia”.
Con ambos escritos, las colectivas y la comunidad buscan que la Suprema Corte garantice el debido proceso y valore la trascendencia constitucional del asunto desde dos ejes: la justicia con perspectiva de género y la protección de quienes defienden los derechos humanos.


