Gobierno de Puebla investiga denuncias por infiltrados en protestas contra el penal de San Miguel

El Gobierno de Puebla investigará la presunta infiltración del crimen organizado en las manifestaciones realizadas el pasado 10 de noviembre por familiares de personas privadas de la libertad del penal de San Miguel. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya recibió denuncias anónimas relacionadas con los bloqueos registrados en ocho puntos de la capital y la zona metropolitana.

En entrevista, el funcionario señaló que las autoridades tienen conocimiento de la posible participación de grupos delictivos en las movilizaciones y advirtió que, aunque se respeta el derecho a la libre manifestación, no permitirán que organizaciones criminales se infiltren en este tipo de expresiones ciudadanas.

“Hay unas denuncias que llegaron de carácter anónimo que ya está procesando la Fiscalía General del Estado y repetimos lo que siempre hemos dicho, hay libre manifestación en el estado, lo que no vamos a permitir es que grupos organizados que son parte del crimen organizado se infiltren en manifestaciones”, declaró.

García Parra agregó que el Gobierno estatal analiza la posibilidad de presentar una denuncia adicional ante la Fiscalía por estos hechos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer quiénes estuvieron detrás de las movilizaciones.

Revisarán operación del penal de San Miguel

En relación con el video difundido por la activista Saskia Niño de Rivera, en el que se muestran las condiciones de la denominada zona W del penal de San Miguel, el coordinador de Gabinete aclaró que el material fue grabado el año pasado.

Sin embargo, señaló que la antigüedad de las imágenes no significa que las autoridades vayan a dejar de revisar las condiciones del centro penitenciario. Por el contrario, adelantó que se realizará una inspección a profundidad de todas sus áreas para garantizar una operación adecuada y espacios dignos para las personas privadas de la libertad.

“Hoy está circulando en redes, independientemente de la temporalidad de este video, se está revisando a profundidad la operación de todas las zonas y todas las áreas de este centro de readaptación en San Miguel y se van a tomar las determinaciones que sean necesarias para que haya una correcta operación”, afirmó.

Denuncias por extorsiones detonaron las protestas

Las manifestaciones del 10 de noviembre fueron encabezadas por familiares de personas privadas de la libertad, quienes bloquearon ocho puntos de la capital poblana y la zona metropolitana para denunciar presuntas extorsiones, agresiones y cobros ilegales al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Entre sus principales exigencias estuvieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, y la intervención de las autoridades para frenar los presuntos abusos contra los internos.

De acuerdo con los testimonios de los familiares, algunas personas privadas de la libertad tendrían que entregar dinero para evitar agresiones físicas, salir de determinadas áreas del reclusorio o acceder a servicios básicos. También denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con la circulación de objetos y sustancias prohibidas.

Como parte de las acciones posteriores a las protestas, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó el traslado de dos personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas dentro del reclusorio.

Las autoridades indicaron que la decisión se tomó después de una evaluación de sus antecedentes, perfiles criminológicos, comportamiento penitenciario y factores de riesgo.

La revisión del penal y las investigaciones sobre las denuncias de familiares se mantienen como parte de las acciones anunciadas por el Gobierno estatal para atender la situación del centro penitenciario.