Armenta acusa que encapuchados fueron contratados para bloquear ocho vialidades de Puebla

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó que los bloqueos registrados ayer en ocho puntos de la Zona Metropolitana fueron organizados por un grupo de personas armadas y encapuchadas que presuntamente recibió dinero para participar durante dos horas en las movilizaciones y hacerse pasar por familiares de personas privadas de la libertad (PPL), es decir, internos del penal de San Miguel.

En entrevista con medios de comunicación este miércoles, el mandatario estatal sostuvo que las protestas tuvieron una logística coordinada y que las áreas de inteligencia ya identificaron a quienes estarían detrás de las movilizaciones.

“Lamentablemente, este grupo que se presentó armado con pasamontañas no quiso tener una mesa de diálogo. Es muy raro. Fue sincronizado, también todo eso se sabe”, declaró.

Armenta señaló que los participantes rechazaron establecer mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación estatal, pese a la disposición de las autoridades para atender sus demandas. También consideró sospechoso que los manifestantes se retiraran después de aproximadamente dos horas.

“Una vez que se terminaron las dos horas que se contrataron, para que estuvieran manifestándose, se fueron todos. Es muy raro. Pero sí sabemos quién está detrás de todo”, aseveró.

Revisarán el penal de San Miguel y otros centros penitenciarios

Pese a los señalamientos sobre una presunta manipulación de las protestas, el gobernador aseguró que las denuncias sobre posibles irregularidades dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel serán investigadas.

El director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, ha sido señalado por presuntamente permitir cobros de piso, extorsiones y otras actividades delictivas en el interior del centro penitenciario.

Ante esta situación, Armenta anunció que, como resultado de la Mesa de Paz de este día, se acordó realizar una revisión a fondo de las condiciones de operación de San Miguel y otros penales de Puebla, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia de la Federación.

“Se va a hacer un trabajo muy, muy a fondo, con la Marina, la Sedena, la Guardia, la comisión de inteligencia de la comisión, para revisar cómo está el funcionamiento del penal de San Miguel y otros”, señaló.

Además, confirmó que dos internos de San Miguel, considerados de alta peligrosidad y mencionados durante las movilizaciones, serán trasladados a otro centro penitenciario. Indicó que ya solicitó a las áreas correspondientes analizar los perfiles para concretar el movimiento.

¿Qué exigían los manifestantes durante los bloqueos en Puebla?

Los cierres viales del martes se registraron en ocho puntos de la capital poblana y municipios de la zona conurbada. Los inconformes se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel y denunciaron presuntas extorsiones y cobros ilegales dentro del centro penitenciario.

Entre sus señalamientos mencionaron al subsecretario de Centros Penitenciarios, David Uriel Rivera, y al juez de Oralidad Salvador Hernández Martínez, a quien identificaron con el apodo de “El Mafioso”, por supuestos vínculos con actividades de extorsión.

También exigieron el traslado de varios internos a centros federales de reinserción social (Ceferesos), entre ellos personas identificadas como “El Primo”, “El Mara” y otros reclusos señalados por presuntamente mantener el control de actividades ilícitas dentro del penal.