Inestabilidad política y amenazas del crimen facilitaron infiltración en ayuntamientos de Puebla

La infiltración de delincuentes en las presidencias municipales se dio por omisión de partidos políticos que los postularon a cargos de elección popular y por la inestabilidad que provocó la muerte de los gobernadores Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa, que causaron continuos cambios en el ejecutivo; no obstante, no se descarta que en algunos casos los gobiernos municipales en turno cedieron a las amenazas del crimen para permitir que ingresaron delincuentes, señaló el gobernador Alejandro Armenta.

En rueda de prensa en la Ciudad de México el ejecutivo expresó que desde su llegada al poder Ejecutivo se hizo un trabajo de investigación con las Fiscalías (General del Estado y General de la República), la Sedena, así como la Guardia Nacional, y en las mismas la Guardia Nacional reportó que había indicios de actividades delictivas en algunos Ayuntamientos.

Atribuyó como una de las causas de este hecho a la falta de continuidad de los gobiernos estatales.

“¿Por qué? Pues porque Puebla vivió una etapa inédita que ningún Estado de la República vivió, gobiernos de menos de un año, año y medio, de días, de horas, durante seis años. Sin duda eso no permitió darle seguimiento a la coordinación que tiene que haber entre la Seguridad Pública Estatal, Municipal, la vinculación con las autoridades municipales y la investigación de la Fiscalía, las Fiscalías, la coordinación. En varias regiones de nuestro Estado la delincuencia se apoderó de los Ayuntamientos”, dijo.

Destacó que en otros casos hubo omisión por parte de los partidos políticos locales que permitieron que delincuentes fueran candidatos y en el último de los casos dejó abierta otra posibilidad.

“No quiero pensar que muchos presidentes fueron amenazados, intimidados, y algunos fueron infiltrados, son investigaciones”, sostuvo.

Agregó que al día de hoy, ocho ayuntamientos han tenido que ser separados de sus funciones por mandato del Congreso, bajo investigaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial del Estado.

“¿Qué ha hecho el Gobierno del estado? No ser omiso, no ser cómplice. Acompañar en la actuación”, concluyó.