Puebla participará en el proceso nacional de consulta sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos con cuatro sedes regionales donde comunidades originarias podrán revisar el proyecto legislativo, emitir opiniones y plantear modificaciones antes de que sea presentado ante el Congreso de la Unión.
Las asambleas consultivas en la entidad se realizarán en Tehuacán, San Miguel Canoa, Huauchinango y Cuetzalan del Progreso, informó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Puebla, en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las jornadas están previstas para el 23 de agosto en Tehuacán; 28 de agosto en San Miguel Canoa; 29 de agosto en Huauchinango, y 30 de agosto en Cuetzalan del Progreso.
Puebla, entre los estados con mayor presencia indígena
Durante la presentación del proceso, la directora general del IPPI, Apolinaria Martínez Arroyo, destacó que Puebla ocupa uno de los primeros lugares del país en población indígena, con más de un millón de personas pertenecientes a pueblos originarios y alrededor de 615 mil hablantes de lenguas indígenas.
La funcionaria señaló que en el estado existen 58 municipios con presencia indígena, donde tienen presencia comunidades nahuas, totonacas, mazatecas, popolocas, mixtecas, tepehuas y otomíes, entre otros pueblos originarios.
Por su parte, el representante del INPI en Puebla, David Fernández Acosta, explicó que la consulta busca que las comunidades conozcan, analicen y validen el contenido de la propuesta de ley antes de que avance su proceso legislativo federal.
¿Qué busca la nueva Ley General de Derechos Indígenas?
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos tiene como objetivo establecer un marco jurídico nacional para garantizar derechos relacionados con la libre determinación, autonomía, participación comunitaria, identidad cultural y reconocimiento como sujetos de derecho público.
El proceso de consulta fue convocado por el Gobierno Federal y coordinado por el INPI, con la participación de instituciones como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La convocatoria fue publicada el 29 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.
La consulta contempla la participación de 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, así como de más de 16 mil comunidades en todo el país, con materiales traducidos a lenguas originarias para garantizar una participación informada.
Un proceso ligado a la reforma constitucional de 2024
La construcción de esta legislación tiene como antecedente la reforma al artículo 2 de la Constitución federal publicada en 2024, mediante la cual se reconocieron nuevos derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de establecer la necesidad de crear una legislación secundaria que detalle mecanismos para su aplicación.
El INPI informó que la propuesta fue elaborada con participación de representantes indígenas y posteriormente aprobada por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como parte de la ruta previa a la consulta nacional.
Participación comunitaria, el punto central
Organizaciones académicas y especialistas han señalado que el principal reto del proceso será garantizar que la consulta sea realmente previa, libre, informada y culturalmente adecuada, para que las aportaciones de las comunidades tengan impacto en el contenido final de la ley.
En Puebla, las autoridades hicieron un llamado a representantes comunitarios, autoridades tradicionales y habitantes de pueblos originarios a participar en las asambleas regionales y aportar propuestas que reflejen las necesidades actuales de sus comunidades.
La iniciativa federal será ajustada con las observaciones recabadas durante este proceso y posteriormente continuará su ruta legislativa ante el Congreso de la Unión.
