En el Día del Padre, mujeres colocaron fotografías de presuntos deudores alimentarios en el zócalo de la ciudad de Puebla, entre ellos aparecieron políticos como el excandidato a gobernador Michel Chaín Carrillo, el priista Sebastián Hernández Orozco y el regidor del PT, Ángel Rivera Ortega.
Mujeres organizadas solicitaron que instancias gubernamentales como la Defensoría Pública, jueces, secretarios y diligenciarios, atención psicológica, trabajo social, DIF y centros de convivencia familiar, entre otros, dejen de autorizar pensiones insuficientes y de privilegiar a los deudores por encima de los derechos de las infancias violando el interés superior de la niñez.
“La madres enfrentamos peores condiciones y limitaciones para contar con ingresos y aun así solventamos incluso aquellos que les corresponde a los violentadores económicos, aportando además el trabajo no remunerado de cuidados indispensable para sostener la vida de niñas y niños”, dijeron.
Exigieron a las autoridades e instituciones de gobierno poner un alto a la violencia institucional que se ejerce a través de la revictimización, el retraso en los procesos de guarda y custodia y pensión alimenticia, que deberían ser atendidos de manera prioritaria para proteger los derechos de las infancias.
Urgieron en la necesidad de contar con personal capacitado y especializado en identificación y atención de violencia de género ejercida por los deudores alimentarios, a fin de que ya no revictimicen a las madres y sus hijos.
“No más forzar vínculos que los mismos padres se encargan de romper. Es necesario resignificar el concepto de familia, entiendo que esta se forja a través de vínculos respetuosos y del reconocimiento de la capacidad, autonomía y libertad de niñas y niños”, señalaron al exigir la aprobación de la Ley Sabina que diputados de Morena presentaron en marzo de 2023.
La Ley Sabina propone crear un registro estatal y público de deudores alimentarios, tipificar como delito abandonar a una mujer embarazada, cancelar y no expedir pasaportes y licencias de manejo y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a deudores, entre otros puntos.
