Exhiben a políticos como Michel Chaín en tendedero de deudores alimentarios

En el Día del Padre, mujeres colocaron fotografías de presuntos deudores alimentarios en el zócalo de la ciudad de Puebla, entre ellos aparecieron políticos como el excandidato a gobernador Michel Chaín Carrillo, el priista Sebastián Hernández Orozco y el regidor del PT, Ángel Rivera Ortega.

Mujeres organizadas solicitaron que instancias gubernamentales como la Defensoría Pública, jueces, secretarios y diligenciarios, atención psicológica, trabajo social, DIF y centros de convivencia familiar, entre otros, dejen de autorizar pensiones insuficientes y de privilegiar a los deudores por encima de los derechos de las infancias violando el interés superior de la niñez.

“La madres enfrentamos peores condiciones y limitaciones para contar con ingresos y aun así solventamos incluso aquellos que les corresponde a los violentadores económicos, aportando además el trabajo no remunerado de cuidados indispensable para sostener la vida de niñas y niños”, dijeron.

Exigieron a las autoridades e instituciones de gobierno poner un alto a la violencia institucional que se ejerce a través de la revictimización, el retraso en los procesos de guarda y custodia y pensión alimenticia, que deberían ser atendidos de manera prioritaria para proteger los derechos de las infancias.

Urgieron en la necesidad de contar con personal capacitado y especializado en identificación y atención de violencia de género ejercida por los deudores alimentarios, a fin de que ya no revictimicen a las madres y sus hijos.

“No más forzar vínculos que los mismos padres se encargan de romper. Es necesario resignificar el concepto de familia, entiendo que esta se forja a través de vínculos respetuosos y del reconocimiento de la capacidad, autonomía y libertad de niñas y niños”, señalaron al exigir la aprobación de la Ley Sabina que diputados de Morena presentaron en marzo de 2023.

La Ley Sabina propone crear un registro estatal y público de deudores alimentarios, tipificar como delito abandonar a una mujer embarazada, cancelar y no expedir pasaportes y licencias de manejo y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a deudores, entre otros puntos.