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Contratación de Sistemas LAC, origen del boquete financiero de 2 mil 700 mdp en Puebla: Céspedes
La empresa asesora “propuso al estado, en su momento, el poder evadir ese tipo de impuestos”, el ISR, aseveró el gobernador del estado
Sergio Salomon Cespedes
El Gobierno de Puebla agotó todas las instancias jurídicas para evitar que el estado perdiera 2 mil 700 millones de pesos que se pagaron al SAT por evasión de impuestos cometidos en el sexenio morenovallista, señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Sostuvo que el Gobierno del estado se encargó de responder por las acciones de la administración panista que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, que dejó de entregar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que generó evadir su responsabilidad y provocó una acumulación millonaria.
Abundó que la responsabilidad de origen fue la contratación de la empresa Sistemas LAC S. A. de C. V., la cual sugirió a la administración de Rafael Moreno Valle evadir impuestos.
“El origen de esto está en el haber contratado a una empresa asesora que propuso al estado, en su momento, el poder evadir ese tipo de impuestos. Fue el tema; evadirlos, no pagarlos, y, en su momento, les vendió una fórmula maravillosa, el estado en su momento decidió no hacerlo y entonces dejó de pagar impuestos”, aseveró Céspedes Peregrina.
Asimismo, sostuvo que desde la administración interina que encabezó Guillermo Pacheco Pulido hasta el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, se litigó y se agotaron todas las instancias jurídicas para evitar un descalabro a las finanzas estatales.
Por su parte, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado, Jonathan Ávalos Meléndez, detalló que la Procuraduría Fiscal del estado llevó el juicio en contra del Servicio de Administración Tributaria, el cual perdió en última instancia.
Señaló que en 2019, durante el interinato de Guillermo Pacheco, el Gobierno del estado obtuvo una nulidad lisa y llana en contra del crédito fiscal fincado por el SAT, contra el cual la autoridad federal promovió un recurso de revisión fiscal y un tribunal colegiado en materia administrativa revocó esta determinación.
Esta situación derivó en que la Procuraduría Fiscal interpusiera un amparo directo como “última instancia y último juicio de control constitucional”, el cual fue resuelto en contra del estado y confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
