Se deben realizar reformas a la Ley Electoral del estado: Miguel Barbosa
El gobernador de Puebla considera que se debe modificar la ley para que ninguna persona con vínculos criminales pueda aspirar a un puesto público
Jornada electoral
El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, consideró que es el momento de realizar reformas a la Ley Electoral del estado, para evitar que personas que se dedican a actividades delictivas puedan obtener candidaturas a puestos de elección popular.
Luego de que se desligara de alcaldes detenidos por huachicoleo, el presidente estatal del Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, reconoció que ese instituto político no revisa a fondo los antecedentes de los participantes, solo verifica que cumplan con los requisitos que marca la ley, como fue el caso de Inés Saturnino López Ponce, quien los buscó para ser candidato.
En este sentido, el titular del Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa Huerta, le dio la razón al líder del PSI, al señalar que los requisitos legales para ser candidato los analiza el órgano electoral del estado, en este caso el Instituto Estatal Electoral (IEE).
Por ello, consideró que Puebla necesita una reforma a Ley Electoral, que no sea discriminatoria, que no viole los principios de inocencia y les dé mayor injerencia a los órganos electorales para que gente que se dedica de manera pública a actividades delictivas no pueda aspirar a una candidatura.
Lo anterior debido a que, de acuerdo con el gobernador, los partidos políticos se excusan señalando que una carta de antecedentes no penales es documento suficiente para deducir que los aspirantes son gente honrada y sin nexos con la criminalidad.
Barbosa Huerta dijo que la elección y nombramiento de candidatos merecen un análisis más profundo ante los hechos que se han presentado, ya que son capaces de lanzar a otro familiar del líder criminal Antonio Martínez Fuentes alias “El Toñín”, para contender por la candidatura de Quecholac.
Por último, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) le dio entrada a gente de quien se sabía tenía nexos con grupos delincuenciales en Palmar de Bravo y Quecholac.
