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Desfalco de Norma Layón asciende a más de 130 mdp en Texmelucan: ASE

El informe señala que las observaciones se hicieron por inconsistencias en contratos, obra pública y reintegro de recursos

Norma Layón

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Un posible daño patrimonial, superior a los 130 millones de pesos, descubrió la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la Cuenta Pública 2020 de la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun.

El informe señala que las observaciones se hicieron por inconsistencias en contratos, obra pública y reintegro de recursos.

La ASE emitió 32 pliegos de observaciones y una recomendación al gobierno de Layón Aarun, por gastos no aclarados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Extrañamente, el organismo señala que el Ayuntamiento de San Martín cumplió con el programa de equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos en la junta auxiliar San Baltazar Temaxcalac, donde el pasado 14 de septiembre se vino abajo un tanque elevado de agua que mató a dos personas.

Ahora, según la ASE, Norma Layón deberá solventar 130 millones 549 mil 594 pesos por inconsistencias en los estados financieros, recursos reintegrados a la Federación, ingresos, la compra de materiales y equipos de oficina, de construcción, suministros médicos, vestuario y uniformes.

Así como el arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y capacitación; servicios profesionales y científicos; penas, multas, ayudas sociales, vehículos, expedientes técnicos de obras públicas y contratos.

Probable daño patrimonial asciende a más de 23 mdp: ASE

Según la ASE, del probable daño patrimonial, 23 millones 314 mil 228 pesos, no fueron aclarados porque la cuenta pública no revela los recursos que se reintegraron y la documentación es insuficiente. Por lo cual, se solicitó al Ayuntamiento entregar la información para aclarar o atender la rendición de cuentas.

Asimismo, requirió información del nombramiento y atribuciones del servidor público que realizó funciones y facultades del Órgano Interno de Control, relacionadas con la vigilancia del cumplimiento de disciplina financiera y normatividad contable, así como documentos para comprobar el cumplimiento de los recursos reintegrados a la Federación.

El pliego de observaciones se dio a conocer el pasado 30 de mayo, poco tiempo después de que el Poder Legislativo designó como auditora a la exsecretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava.