El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, envió al Congreso local una iniciativa para combatir los asentamientos irregulares en la entidad, por lo que se castigará con cárcel a aquellos funcionarios que los avalen y permitan, además que se harán acreedores a una multa de48 mil pesos.
La iniciativa pretende reformar las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Puebla, así como la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del estado.
La propuesta plantea modificaciones a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal estatal.
En el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se pretenden modificar los artículos 3, 4, 16, 33, 57, 75, 110, 132 y 214, en los que se plantea ampliar la definición de asentamiento humano irregular a un conglomerado de personas establecidas de forma ilegal.
Asimismo, tiene la intención de evitar la ocupación de zonas de alto riesgo.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas, de Procuración y Administración de Justicia, así como a la Comisión de Protección Civil y Desarrollo Urbano.
En la propuesta del Ejecutivo, se propone que los ayuntamientos puedan garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales sobre los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas de alto riesgo.
El documento señala que los programas de desarrollo urbano deberán cumplir con la prevención de riesgos, ya que no está contemplada, así como la prohibición de asentamientos humanos de cualquier tipo, en espacios con infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales.
De tal forma que ninguna autoridad pueda otorgar licencias, factibilidades, permisos o cualquier otro tipo de autorización relativa a la fundación de asentamientos humanos en zonas prohibidas.
La iniciativa que llegó al Congreso del estado busca que se incluya la prevención y protección para evitar pérdidas humanas y materiales.
Las sanciones por autorizar asentamientos irregulares
La propuesta del gobernador Miguel Barbosa contempla reformas al Código Penal estatal, pues pretende que se apliquen de cuatro a diez años de prisión y multa económica desde 17 mil 319 a 48 mil 110 pesos en los siguientes casos:
- A los funcionarios que sean omisos, alienten, autoricen, otorguen, concedan o permitan la fundación de asentamientos humanos irregulares en zonas no autorizadas.
- Cuando estas conductas se realicen en áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, incluso las penas podrían aumentarse.
