Altos mandos de la SCC implicados en cobro de “moches” para permitir giros negros,ya se ampararon
Altos mandos de la Seguridad Ciudadana implicados en cobro de "moches" para permitir giros negros, muchos ya se ampararon, dice Barbosa.
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que hasta que no asuma Carla Morales Aguilar la delegación de Seguridad Pública en el municipio de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no participará en los operativos, como el que se realiza en estos momentos en el mercado Morelos; los mandos municipales ya se ampararon al conocer que el gobierno del Estado interpondrá denuncias por corrupción.
Barbosa Huerta sostuvo que los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al conocer que se fincaran responsabilidades, para quienes estén ligados a prácticas de encubrimiento y colusión con grupos delincuenciales y crimen organizado, éstos solicitaron la protección de la Justicia Federal.
El gobernador ni rechazó, pero tampoco afirmó si existe participación de María de Lourdes Rosales, secretaria de Seguridad Ciudadana, y de la propia presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.
Aunque si, señaló que existen funcionarios que desde los giros negros se llenaron los bolsillos, al permitir una serie de actos de corrupción.
Sobre el decreto que el Gobierno del Estado publicó para tomar la seguridad del municipio de Puebla, que fue bajo el argumento de la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Nueva Generación, Los Zetas entre otros, el mandatario subrayó que el estado de fuerza trabaja para combatirlos, sin el apoyo de la Policía Municipal, y así seguirán trabajando hasta que Carla Morales Aguilar, asuma el cargo de delegada en la capital.
Afirmó que es la propia María de Lourdes Rosales y Claudia Rivera la que están frenando el despido de los 84 elementos, que no cumplieron con los exámenes de control y confianza, por el uso de droga.
Barbosa Huerta anunció un mega operativo en el mercado Morelos, en Xonaca con la presencia de la Guardia Nacional, Policía Estatal y la SEDENA, para desactivar centros de distribución de droga y otras actividades ilícitas.
