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Gobierno Estatal es mediador en conflicto entre Cemex y autoridades de Cuautinchán
El Gobierno del Estado interviene como mediador, para evitar que se desborden los ánimos y se genere un conflicto mayor entre Cuautinchán y Cemex.
Ante el conflicto surgido entre las autoridades municipales de Cuautinchán que exigen el pago de impuestos a la empresa Cementos de México (Cemex), el gobierno del Estado interviene como mediador, para evitar que se desborden los ánimos y se genere un conflicto mayor, señaló el mandatario de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Afirmó que el alcalde de Cuautinchán, Raúl Babines Pérez, tiene es respaldo del Gobierno Estatal, y quien denunció que debido al conflicto que se suscitó con Cementos de México (Cemex), ha recibido amenazas de representantes de la empresa que lo intimidan con cárcel si clausura los trabajos de construcción en la planta cementera, pese a que no cuentan con permisos ni licencias, Barbosa Huerta, sostuvo que no es necesario que presente ninguna acusación formal en la Fiscalía General del Estado, porque tiene el apoyo de las autoridades.
"El presidente de Cuautinchán tiene el apoyo de su gobernador, su amigo y él no ha cometido ningún delito".
En entrevista el mandatario comentó que la empresa ha pagado lo mínimo por los permisos e impuestos que requiere para operar, tal es el caso del predial, por el cual solo ha erogado de 90 pesos.
Dijo que es necesario que las dos partes deben reconsiderar los términos de los acuerdos con los gobiernos municipales, mediante los cuales la planta realiza obras de beneficio para los habitantes, tales como construcción de canchas de fútbol y ayuda para caminos.
Pidió a la empresa a que cumpla con sus obligaciones, pero también a los ayuntamientos involucrados a que permitan que la cementera funcione con todas las garantías.
"La empresa tiene que cubrir sus impuestos prediales, no los que estaba pagando, por favor, que eran 90 pesos, una barbaridad, y tenía colaboraciones sociales como hacen todas esas grandes empresas, que no las cubrió correctamente".
La planta tiene un plazo de 12 días para cubrir con toda la documentación que le requieren los gobiernos municipales, particularmente el de Cuautinchán, el cual le aplicó una clausura la semana pasada.
