Urge Centro Prodh nuevo modelo de seguridad ciudadana en Puebla

Los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las FFAA realizar tareas de seguridad pública, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Mediante un comunicado, el Centro Prodh hace hincapié a que los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos.

El Centro Prodh condena “el alevoso homicidio de un elemento del Ejército y la acción de “un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido”, hechos que fueron difundidos a través de un video.

Subraya que estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional han señalado ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad y puntualiza que lo que se necesita no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías.

“Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército”, se menciona en el comunicado.

Recalca que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017.

Por último hace un llamado a que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria.