Robo de combustible deja pérdidas por mil 650 mdp y más de una docena de muertos en Puebla

Puebla reporta pérdidas por un mil 650 millones de pesos al registrar 3 mil 218 tomas clandestinas en el último sexenio. Estas cifras colocan al estado como una de las entidades con el mayor problema en la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y enfrentamientos con bandas de huachicoleros.

En el estado, durante los últimos se han delimitados dos zonas con la mayor incidencia en el robo de hidrocarburos conocidas como el Triángulo Rojo y la Franja del Huachicol por donde atraviesan los ductos de la paraestatal.

El Triángulo Rojo está conformado por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo y Tecamachalco, mientras que la Franja del Huachicol recorre desde el municipio de Esperanza hasta San Martín Texmelucan, cerca de los límites con el Estado de México.

De acuerdo con la Organización no Gubernamental (ONG) Gobierno Fácil en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016 se registraron 3 mil 218 tomas clandestinas en el territorio poblano de las cuales han sido extraídos miles de litros de combustible.

Los municipios con el mayor número de tomas clandestinas son Tepeaca con 352, Palmar de Bravo con 283, Acajete con 180, Quecholac con 138 y Acatzingo con 118, en donde también se ha registrado el derrame de combustible por el mal manejo de las tuberías.

El robo de combustibles ha generado pérdidas a PEMEX tan solo en 2016 por 30 mil millones de pesos y en Puebla el daño a las finanzas de la paraestatal han alcanzado los mil 650 millones de pesos entre 2011 y 2016, según el presidente de la México Franchise Network (MFN), Enrique Vargas Medina.

Desde el arranque del nuevo gobierno encabezado por el mandatario estatal, Antonio Gali Fayad, el combate de este delito ha generado el decomiso de dos millones de litros de combustible y la clausura de 138 tomas clandestinas entre el mes de febrero y abril de 2017.

Asimismo, en los últimos operativos se han suspendido actividades a un total de siete gasolineras ubicadas en la zona del Triángulo Rojo por vender combustible al público sin reportar compras a PEMEX.

Hasta la primera quincena de abril de 2017 las autoridades estatales en coordinación con las fuerzas federales habían realizado 647 operativos en contra del robo de combustible, detectado 125 tomas clandestinas, decomisado 967 vehículos, asegurado dos inmuebles y detenido a 318 personas.

Estos operativos han provocado que los huachicoleros enfrenten a los cuerpos de seguridad generando en los últimos días un enfrentamiento en Palmarito Tochapan, junta auxiliar del municipio de Quecholac.

Las autoridades gubernamentales reportaron que estos hechos violentos dejaron un saldo de 10 personas muertas de las cuales cuatro eran militares y 6 civiles, 12 más heridas de las cuales 11 son efectivos castrenses y uno más policía, además de 14 detenidos presentados en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Previo a este enfrentamiento violento en Palmarito Tochapan, el primero de noviembre del año 2016 se difundió un video a través de redes sociales en el que se evidenció una agresión de los huachicoleros en contra de militares, en esta misma comunidad, en la que también participaron habitantes del lugar.

Los pobladores armados con palos y piedras defendieron a los llamados “chupaductos” y corrieron de la comunidad a los elementos castrenses que habían detenido a un grupo de criminales a quienes les habían incautado combustible robado.

Meses después, el pasado 9 de marzo de 2017, las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en el municipio de Atzizintla en donde detuvieron a 87 personas presuntamente vinculadas con huachicoleros.

Entre las personas aseguradas se encontraba el presidente municipal, Isaías Velázquez Reyes, quien fue señalado de brindar protección a la banda de “los Bukanas” quienes controlaban el robo de hidrocarburos en la zona.

Estos delincuentes están señalados de estar vinculados con los Zetas quienes fueron los responsables de asesinar a tres elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) que se encontraban realizando un operativo para liberar a una persona que se encontraba privada de su libertad.

El alcalde Velázquez Reyes fue acusado de ordenar la entregar a estos elementos de la FISDAI a este grupo criminal para que fueran ejecutados y posteriormente sus cuerpos tirados en los límites con el estado de Veracruz.

Días posteriores, el 27 de marzo, un grupo de delincuentes atacaron y volcaron un camión que transportaba militares quienes perseguían a huachicoleros que habían sido sorprendidos en flagrancia robando combustible en Palmar de Bravo, el saldo fue de ocho efectivos castrenses lesionados.

La versión oficial de la autoridad señaló que no se trató de un ataque sino de un percance automovilístico ocasionado por un vehículo particular y que estos militares únicamente habían presentado lesiones leves.