Berenice Martínez
El gobernador Rafael Moreno Valle descartó que su visita a Tlaxcala – este fin de semana- a un encuentro con panistas, hubiera incluido crear un proyecto en conjunto con el gobierno de aquel estado para el saneamiento del Río Atoyac.
Al ser cuestionado, el mandatario aseguró que el saneamiento debe provenir del gobierno federal ya que un proyecto de este tipo no podrá funcionar a menos que haya sanciones a empresas, municipios o personas que contaminan.
“Desgraciadamente esas son facultades exclusivas de la Profepa, del gobierno federal, el estado no tiene esas facultades, ni el de Puebla ni el de Tlaxcala”, aseveró.
Indicó que para observar resultados tendría que implementarse un programa integral pues es necesario detener la contaminación y realizar inversiones conjuntas entre los estados por donde atraviesa el Atoyac.
“Tendría que ser un gran proyecto desde mi punto de vista, tendría que originarse desde el gobierno federal, por supuesto con apoyo de los estados, por ser un tema regional que involucra otras entidades”, mencionó.
Moreno Valle mencionó que son las dependencias federales las facultadas para sancionar a quién contamine el afluente, y desde la federación se debe invertir recursos con el apoyo de los estados.
Es importante mencionar que el río Atoyac es considerado uno de los afluentes más contaminados del país, y se calcula que diariamente se lanzan 146 kilogramos de metales pesados a sus 400 kilómetros de longitud aproximadamente, donde se ha detectado la presencia elevada de hidrocarburos y metales como zinc, aluminio y manganeso.
Según datos de la Conagua hay un registro de 400 permisos otorgados a particulares de industrias para realizar descargas en el río, aunque se estima que la cantidad supera la cifra de 3 mil 500 plantas y se ignora si cumplen o no con los requisitos ambientales para su operación.
El Atoyac es contaminado por 50 municipios de Puebla y Tlaxcala, que descargan sus aguas residuales al aire libre, por ello ha registrado un alto grado de deterioro debido a los asentamientos humanos e industriales, afectando a 2.3 millones de personas de 22 municipios de Puebla, por los desechos tóxicos que se arrojan de manera ilegal.
