Reforma energética traerá aumentos en gas, energía y transporte: Activista

Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, calificó como “una situación de emergencia” la que se está viviendo en el país, porque la contrarreforma energética tendrá un impacto grande en los precios del gas, de la energía y del transporte público; además de que las empresas transnacionales de hidrocarburos tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos.

"Estamos viviendo, quizá, el mayor retroceso en la historia del país, se están echando abajo 75 años de la defensa de la soberanía nacional, destruyendo todo el legado que dejó la Revolución Mexicana, la propiedad nacional sobre los recursos naturales; la protección de cada uno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos de México, y todo esto sobre la base de mentiras", dijo el activista.

Explicó que desde hace 30 años, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, comenzó el proceso de privatización, por lo cual sería responsabilidad de todos los mexicanos ser difusores de la información de lo que está pasando con lo que llamó "contrarreformas constitucionales", que implican "la muerte del país", porque prácticamente no queda ningún recurso natural o servicio público sin privatizar.

"Los poblanos y los tlaxcaltecas estamos muy equivocados si pensamos que la reforma (energética) no va a tener un impacto en Puebla o Tlaxcala, porque no hay petróleo; en San Martín (Texmelucan) hay una refinería, oleoductos y gaseoductos que pasan por el territorio ya generaron decenas de muertos, cuando en 2010, más o menos por estas fechas, hubo una explosión matando a familias enteras por la irresponsabilidad del estado", expuso Landa.

Asimismo, alertó que empresas petroleras, como Exxon, Chevron, Shell, han violado de manera constante los derechos humanos de los pueblos de Nigeria, Ecuador, Indonesia y Colombia, así que, enunció, no sorprendan los asesinatos de activistas opositores a explotaciones en el Golfo de México.

Lo cual confirmaría que desde hace tres décadas el gobierno mexicano se ha dedicado no a garantizar los derechos de los ciudadanos, sino los intereses y seguridad jurídica de las inversiones de las grandes compañías.