Rebelión ciudadana: El agua es de Dios, no se privatiza

“¿Por qué privatizan el agua, por qué? Si el agua, Dios, nuestro señor, nos la dio para todos”, comentó la señora Ofelia, proveniente de Amozoc, que a sus más de sesenta años va a las manifestaciones en contra de la concesión del servicio de agua y alcantarillado en 25 municipios Puebla, que inició el mes de septiembre.

El gobierno del estado presentó una iniciativa ante el Congreso el 11 de septiembre para reformar la Ley del Agua, esto con el objetivo de que se pudiera concesionar el servicio, así como el drenaje y alcantarillado en 25 municipios de la zona metropolitana. Asimismo, en dicha reforma se le daba la facultad a la empresa concesionaria para que fijara las tarifas en lugar del Legislativo e hiciera uso de los recursos hídricos del estado. Los diputados locales la aprobaron ese mismo día y fue publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre.

Ante esta situación ciudadanos se agruparon en la Asamblea General del Agua para protestar y planear varias medidas que impidieran la concesión o privatización. Desde ese momento comenzó la rebelión por el agua como un derecho humano.

Descontento social

“Hay muchas personas que no tienen agua y entonces cómo pretende Moreno Valle privatizar la nuestra, si a nosotros nos costó”, aseguró doña Ofelia mientras caminaba enfrente del palacio de gobierno de la ciudad de Puebla; la marcha contra la privatización había salido a las 11:00 horas de “El Gallito”, en la 11 Sur y Avenida Reforma, con destino a Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG). En la movilización del 17 de noviembre participaron más de 18 agrupaciones y colonias de Puebla.

La señora Ofelia, con pelo cano rizado y tez morena, siguió hablando cuando la marcha avanzaba por la Avenida Juan de Palafox hacia el Boulevard 5 de Mayo: “Hay muchas personas que no tienen agua en Amozoc y les están llegando sus citatorios para que paguen el agua, cómo la van a pagar si no tienen; poseen un tonelito o dos tonelitos, entonces, no se vale que hagan eso”.

Para doña Ofelia el agua no se puede privatizar, porque es un regalo divino: “El agua no se privatiza; nuestro señor nos la dio para nuestro aseo, para el aseo de los niños ahorita que se van al colegio”.

El descontento social también alcanza otros municipios, en San Miguel Xoxtla los ciudadanos temen que con la privatización les pongan medidores y el servicio sea más caro. El señor Raúl Hernández comentó: “Lo que quieren es ponernos medidores y ya vendérnosla, entonces, el presidente (Raúl Hernández Villafán) está de acuerdo con Moreno Valle y venimos en plan de la defensa del agua, porque seguido apagan los pozos y ya no nos dan agua”.

Según el señor Hernández ahorita están pagando una cuota anual de 350 pesos, por lo cual temen que con los medidores el costo pueda ser muy superior. “Ahorita las tarifas andan en tres cincuenta, pero la quieran subir, me imagino que tiene que llegar a 4 mil pesos anuales en todo lo que es San Miguel Xoxtla”.

De igual forma en las colonias de la capital poblana, como Minerales del Sur, Galaxia La Calera y San Ramón, los vecinos se quejan el desabasto de agua y de las tarifas excesivas para el servicio que les dan. La señora Érika, de San Ramón, enunció que en el sur el agua cae una o dos veces por semana, últimamente sólo un día, el domingo, y que a pesar de ello tienen que pagar 350 pesos cada bimestre por un servicio que llamo “muy deficiente”.

Uno de los argumentos que dio el gobierno estatal para que no se suspendiera la concesión del agua durante los juicios de amparo fue que dicha medida perjudicaría a los pobladores. En un escrito presentado oficialmente por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) se dice: “El otorgar la suspensión en los términos en que se hizo decretarla en forma provisional, pone en riesgo la obtención de recursos financieros indispensables para prestar servicios públicos de los que dependen las vidas de las personas, la salud pública y la preservación del medio ambiente, y se atenta contra el orden público y el interés social”.

SOAPAP puede operar, no necesita capital privado

A pesar de este argumento, el representante legal de la Asamblea General del Agua, el abogado, Gilberto Montalvo González, manifestó que de acuerdo con los estados financieros proporcionados por el SOAPAP, esto durante los juicios de amparo contra la privatización, se puede ver que el organismo es una empresa que va “a la alza” y que no necesita de capital privado para operar.

El gobierno sostuvo que la concesión del agua es necesaria porque la firma invertiría 1,500 millones de pesos “para rehabilitar y ampliar la infraestructura hídrica”, pero de acuerdo con el abogado tan sólo del 1 de enero al 30 de septiembre de este año el activo del organismo aumentó 94 millones de pesos, mientras que en los últimos cuatro años subieron 2 mil millones de pesos.

“Es una empresa en franco crecimiento”, relató Montalvo González, quien además agregó que si se toman en consideración las cuentas por cobrar, que ascienden a más 3,200 millones este año, no se necesitaría capital privado para obtener los fondos para invertir en infraestructura, sólo bastaría con mejorar la cobranza.

“Si se le debe tanto al SOAPAP, ¿por qué pedir inversiones? Es absurdo, por qué no mejor cobrar todas esas cuentas, eso de que está en bancarrota o tiene malos números es falso”, apuntó el litigante, para luego agregar que además posee una deuda de 2,900 millones de pesos, pero no se dice a quién se le debe y qué va a pasar con la misma cuando la concesionaria se haga cargo.

Por su parte, Carlos Osorio Luna, vocero del SOAPAP, explicó que el problema de la cobranza es que hay unos 170 mil usuarios morosos de 2000 a la fecha: “Existen 170 mil personas que no han pagado el servicio de agua de 2000 para acá; unos deben casi todo el periodo, unos menos, pero son 170 mil personas que hay que aplicarles y ajustarles las tarifas”, aseguró. Según datos de prensa 153 mil corresponden a hogares y 23 mil a comercios.

Pese a que reconoció que el organismo está operando con “números negros”, expuso que la concesión es inminente y que irán “paso por paso” para ver si los empleados de la dependencia permanecen o no: “Estamos demostrando que el SOAPAP está trabajando con números negros”, aseguró Osorio Luna, quien al ser cuestionado por los supuestos despidos de empleados cuando llegue la empresa declaró: “Lo primero que tenemos que hacer es ir paso por paso, se nos está presentado una situación que todavía no sabemos qué pueda pasar (en referencia la licitación), primero que se den las cosas y luego ya se verá”.

Rebelión seguirá en los juzgados

El abogado, Gilberto Montalvo, apuntó que a pesar de que el pasado 7 de noviembre las juezas primera, séptima y décima de distrito se hayan retractado de darles la suspensión definitiva de la licitación, toda vez que antes les otorgaron la suspensión provisional con base en una tesis de 2011, ya interpusieron los recursos correspondientes el jueves pasado para que el tribunal de distrito resuelva los diez que lleva contra la privatización del agua.

Además apuntó que seguirán interponiendo nuevos juicios de amparo, puesto que el término vencería para los ciudadanos 15 días después de que llegue el primer recibo de la empresa. Aunado a esto pedirán de manera formal que el SOAPAP haga público el proceso de licitación, ya que el gobierno impuso una cláusula de confidencialidad que violaría el artículo 6 constitucional, referente a la información pública.

A su vez, el abogado, Abelardo Cuéllar Delgado, integrante de la Asamblea General del Agua, apuntó sobre los otros amparos que impusieron en representación de 3 mil personas que se suspendieron las audiencias constitucionales porque el gobierno presentó fuera de tiempo el informe justificado.

“Se suspendió la audiencia constitucional, porque el informe justificado, como se denomina en la ley de amparo, por parte de las autoridades se rindió fuera de los márgenes que establece la ley, entonces se tuvo que señalar nuevo día y hora para esas audiencias”, refirió el litigante.

Sin embargo, los procesos seguirían pendientes: “La batalla legal apenas inicia, aquí lo importante es la información y la concientización social. Todos los amparos están en trámite, están en proceso, el gobierno rindió su informe a destiempo y se le dio la oportunidad de que centrara el informe justificado, y esto trajo como consecuencia que se difirieran las audiencias constitucionales”.

Los amparos que ingresaron de forma colectiva y de forma directa, en total más de 3 mil poblanos habrían iniciado un proceso, se resolverán en el transcurso de enero cuando se empiecen a dar a conocer las sentencias, aunque el asunto podría resolverse mucho después que el tribunal falle en contra, porque los abogados llevarán el caso ante el colegiado, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) o, incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colonias se organizan contra privatización

Aunada a la pelea legal, la Asamblea General del Agua está impulsando la organización social en contra de la concesión del agua. Alejandro Beristaín, integrante de la asociación, comentó: “La asamblea está constituida por distintas organizaciones sociales, sobre todo, por ciudadanos comunes y corrientes, de las colonias que ya han visto el riesgo de que se privatice el agua, porque el SOAPAP ya ha cercado algunos de los pozos de los fraccionamientos y ha colocado torres para monitorear electrónicamente los pozos”

La asociación estaría conformada de por lo menos 15 organizaciones civiles y grupos de colonos, aunque el objetivo en lugar de centralizar las funciones es buscando que cada una trabaje en sus colonias, para que acudan a las reuniones informativas que hacen cada semana.

Hasta el momento participan en la asamblea unas 20 colonias no sólo de la ciudad de Puebla, sino de Amozoc, San Miguel Canoa o Santa María Acuexcomac, en San Pedro Cholula. “Hay mucha gente que está inquieta, que está descontenta con esta acción del gobernador Moreno Valle, que es totalmente inconstitucional, quien tiene la autoridad para promover una concesión es el gobierno federal no el gobierno estatal”, finalizó Beristaín.

Tanto ciudadanos como abogados esperan que la presión social sea suficiente para echar abajo la privatización del agua en Puebla, porque existen casos a los largo que país que demuestran que las violaciones a derechos humanos aumentan a la llegada de las empresas. En estados como Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo y Jalisco ya han concesionado el servicio, algunas de las consecuencias fueron el incremento de las tarifas y los cortes indiscriminados.

Según Rodolfo Garza Gutiérrez, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AC (AUAS), la privatización del agua en Coahuila “ha sido una desgracia, porque en todos lados va en contra del derecho humano al agua, afectando a la economía familiar, principalmente de las familias más desprotegidas”.