SGG y Congreso anuncian derogación de artículo de Ley del Agua

El secretario General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, así como representantes de las diferentes fuerzas parlamentarias dieron a conocer que derogarán hoy mismo el artículo 118 bis de la Ley del Agua, referente a que las empresas encargadas de prestar el servicio serán las que fijen las tarifas, debido a que contradice el artículo 118 donde se establece que el Congreso es el único autorizado para modificar los costos. Sin embargo, esta medida también podría haber sido tomada por la gran cantidad de amparos que presentaron ciudadanos y organizaciones civiles en contra de la concesión del servicio.

En una rueda de prensa citada de emergencia, el coordinador del gabinete, comentó que era una "percepción equívoca" la que refería que los particulares iban a fijar las tarifas del agua, esto a pesar de que en la iniciativa presentada por el gobierno se indicó: "Los prestadores de servicios que tengan a su cargo, en dos o más municipios, la prestación parcial o integral de Servicios Públicos en virtud de convenios de coordinación a que se refieran las fracciones IV y V del artículo 23, tendrán la facultad de determinar y actualizar la Estructura Tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley, u otros conceptos de ingresos por la prestación de los Servicios Públicos, sin requerir la aprobación del Congreso del Estado (sic)".

Asimismo, Maldonado Venegas, sostuvo que esas "falsas interpretaciones" fueron promovidas por diversas organizaciones "con fines políticos propios", además de que no desaparecerá el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP).

Por su parte, Mario Riestra Piña, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, comunicó que esta derogación "viene a recuperar y a aclarar" la iniciativa que se presentó, porque "de ninguna manera se busca privatizar el servicio, dándole a un privado la concesión y la oportunidad de fijar los costos".

Esto a pesar de que la propuesta que se aprobó el pasado 11 de septiembre, decía: "En caso de que la prestación de los Servicios Públicos sea concesionada o encomendada por cualquier otro título jurídico a un particular, ya sea de forma total o parcial, la actualización de la Estructura Tarifaria y de los otros conceptos de ingresos, se regulará de conformidad con lo establecido en el título de concesión o contrato respectivo (sic)".

Con lo anterior se puede enunciar que tanto el gobierno, como el Congreso, rectificaron sus posturas de permitir que sean las concesionarias quienes fijen las tarifas del agua sin el permiso o aval de los legisladores. Además de que ahora evitan caer en una contradicción entre los artículos 118 y el 118 bis.

A pesar de todo, concesión seguirá

La derogación del artículo 118 bis de la Ley del Agua y Saneamiento no implica que se eche para atrás la iniciativa de concesionar el servicio de agua, incluso, el secretario General de Gobierno declaró que los múltiples amparos no impedirán que siga la licitación y la entrega del SOAPAP a manos privadas.

"La licitación no está suspendida, el proceso no se ha suspendido por parte de los amparos, lo que eventualmente quedó en suspenso sería la emisión de un dictamen final, pero eso está previsto de acuerdo al calendario; vamos a dejar en primer término que corra eso por la vía legal", señaló el funcionario.

Sin embargo, como se documentó en este medio de comunicación, son tres los amparos que concedió el Poder Judicial y donde se otorgó la suspensión provisional de las reformas aprobadas a la Ley del Agua del Estado y el proceso de licitación para privatizar el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), como quedó asentado en los juicios 1567/2013, en el Juzgado Primero de Distrito; el 1590/2013, en el Séptimo de Distrito, y el 1540/2013, en el Décimo de Distrito.