Proceden dos amparos contra privatización del SOAPAP

Este jueves el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la suspensión a Rosa Mendoza Hernández y Mario Antonio Pérez Bautista para que a ellos no aplique el proceso de privatización del SOAPAP y paguen las cuotas establecidas por el gobierno del estado y no por la empresa que gane la licitación.

Datos recabados por RETO diario indicaron que ambos particulares promovieron juicios por separado contra las reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley del Agua y contra la licitación pública SOAPAP-LPIC-001/2013 para que ambas acciones sean anuladas por las autoridades federales.

De inicio ambos amparos fueron aceptados y el Juzgado Séptimo de Distrito ordenó lo siguiente: “Procede conceder a la quejosa, Rosa Mendoza Hernández, la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se apliquen en su perjuicio las consecuencias de la norma impugnada. Asimismo, para el efecto de que no se determine y actualice la estructura tarifaria en perjuicio de la quejosa, respecto del cobro de los derechos por los servicios de agua potable y no se traduzcan en créditos fiscales, en términos de las normas impugnadas”.

Cabe recordar que en el portal e-consulta se dio a conocer que por lo menos diez universidades privadas de la entidad promovieron amparos contra la privatización del agua.

Lo anterior establece un importante antecedente del rumbo que tomará el proceso de privatización del SOAPAP, porque cualquier ciudadano puede solicitar un amparo para que ninguna empresa le cobre por el servicio del agua potable y alcantarillado y sólo pague lo establecido por las autoridades estatales.

De acuerdo con versiones extraoficiales, trascendió que los amparos que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito a los ciudadanos, Rosa Mendoza Hernández y Mario Antonio Pérez Bautista, no modifican el proceso de concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que se realiza a través de licitación pública.

La adjudicación de la licitación se resolverá hasta la segunda quincena de diciembre.

Por tanto, el proceso continúa y se lleva a cabo bajo la supervisión y vigilancia de organismos de transparencia que garantizan que el proceso concluya de acuerdo con las normas que rigen la asignación de la concesión, explicaron autoridades estatales.