Amparos colectivos y huelga de hambre, opciones para no privatizar agua

Además de 3 mil amparos ciudadanos, se está proponiendo una consulta o una huelga de pagos para frenar la concesión del servicio de agua potable en 25 municipios de Puebla, así lo dio a conocer el abogado, Abelardo Cuéllar Delgado, quien representa a la Asamblea Social del Agua.

En una entrevista telefónica, el representante legal de la organización, sostuvo que los ciudadanos van a analizar diferentes opciones para revertir la privatización del agua, entre ésas, amparos colectivos o individuales, la consulta ciudadana y la huelga de pagos, pero serán estudiadas: "Van a existir distintas propuestas de colectivos, la que sea clara y que proponga los pasos a seguir, la ciudadanía va a valorar si la retoma o no", sostuvo.

Con respecto a los amparos, Cuéllar Delgado, explicó que los presentarán los ciudadanos y se repartirán en los diferentes juzgados de distrito que están dentro del Sexto Circuito, después, llamarán a una audiencia constitucional en donde citará a las autoridades que se señalan como responsables y luego se tendrá que dictar sentencia, examinando los actos reclamados y el informe justificado por parte de éstas.

Aun así cuando se dicte una sentencia las partes pueden interponer recursos, si resulta en contra ellos, interponer un recurso de revisión o si es a favor el gobierno efectuar lo que corresponda.

De acuerdo con el abogado, los amparos no bastarían para frenar la concesión del agua o el proceso de licitación, pero harían, desde su punto de vista, que el gobierno y las empresas valoren "si siguen con la iniciativa de privatizar el servicio o si se esperan a que la molestia social crezca".

Para Cuéllar los amparos son el inicio de la pelea en contra de la privatización del agua, pues no parará hasta que se frene, no importa si toma un mes o un año: "Lo que tenemos que hacer es levantarnos y ejercer presión, una ley la discuten y la proponen los gobernantes en turno, y la presión social puede traer como consecuencia que esa ley pueda ser modificada", finalizó.

La nueva Ley Estatal de Agua establecería que se pueden entregar los 25 organismos operadores a empresas privadas vía concesiones; además que los propios legisladores perderían la facultad para fijar las tarifas, pues eso sería una atribución de la propia empresa y los adeudos catalogados como “créditos fiscales”, de tal manera que la Secretaría de Finanzas pueda realizar embargos ante faltas de pagos.

La propuesta también incluiría la posibilidad que se revoquen contratos de los organismos de agua en diferentes áreas, como la operación, el mantenimiento, la ejecución de obras o la eficiencia administrativa.