Consulta para minera en Tetela deberá ser decisión de habitantes: Experto

La consulta previa que condiciona la aprobación del proyecto minero en Tetela de Ocampo deberá ser sin engaño, previa a la entrada de Espejeras, con información no sólo del gobierno sino de especialistas y organizaciones que elija la misma población; de igual forma los ciudadanos elegirán cuándo se hará y en qué comunidades primero, además que tendrían la capacidad de veto, explicó Jorge Peláez Padilla, doctor en Ciencias Sociales, aunque también podría utilizarse como estrategia legal no hacer la consulta para cancelar la concesión.

En el aspecto legal sobre cómo se podría frenar el proyecto, el abogado, apuntó que en primer lugar la consulta previa es diferente a la que se hizo antes de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que en ésta se tendrían que tomar en cuenta cinco aspectos: En primer lugar, ser de buena fe, es decir, que no haya engaño; después que sea previa a cualquier acción o trabajo de la compañía minera.

Asimismo, que la población sea informada no sólo por autoridades, sino por los especialistas y las organizaciones que considere pertinentes; que sean los propios pueblos quienes decidan cuándo y cómo, no imposición de las agendas. Finalmente, bajo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que los pueblos indígenas puedan condicionar la apertura de la mina o vetarla de manera definitiva.

"Es un nuevo tipo de consulta, que mandata la MIA, de manera que ésta sí tiene una serie de requisitos, sobre todo, que sea culturalmente adecuada, que sea en tiempo y forma decidida por los pueblos, también que sea en su propia lengua, lo que implicaría la traducción de todos los documentos, las formas de decisión serán de los pueblos indígenas", sostuvo Peláez Padilla, quien agregó que otra cosa importante es que la empresa no puede hacer la consulta, sino es deber de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que ella la instrumente.

La forma es el problema, porque sólo los pueblos la pueden escoger; parte de la academia es mostrarles cómo otros pueblos u otros países realizaron sus consultas previas, sin presión o bajo amenaza, opinó el especialista. En caso que la empresa "mueva un barrendo" antes de esta consulta estaría violando la ley y el estado de derecho, porque el convenio 169 es igual de importante que cualquier artículo de la Constitución Mexicana.

En algún punto de la reunión también se planteó la posibilidad de no hacerla para así evitar que se avale la Manifestación de Impacto Ambiental, aunque eso no sería un hecho.

Nueva Ley Minera, con licencia social y los derechos humanos

En cuanto a la nueva Ley Minera que se está promoviendo en el Congreso, el especialista explicó que la actual legislación está entregada a objetivos e intereses de las empresas, pues menciona a la minería como una actividad preferente ante cualquier otro uso de suelo, asimismo, otorga la concesión sin determinar exploración o explotación por 50 años y prorrogable a otros 50 años, así como brinda el uso preferente de las aguas.

Mientras que la nueva normativa que se está elaborando desde hace un año incluiría los siguientes aspectos: La participación vinculante de todas las personas que estén involucradas, es decir, toda población, previo a que se avalen los MIA. Esto se llamaría "licencia social" con la cual las poblaciones podrían rechazar o dar el visto bueno a los proyectos mineros, o incluso cancelar las concesiones ya otorgadas y que han sido vendidas a empresas.

La normativa marcaría también que deja de ser una actividad preferente, dando un mayor peso a los derechos humanos de los pobladores y a los diferentes acuerdos internacionales en la materia.

En el artículo 18 de ésta se propone que haya sitios prohibidos para la gran minería, de cielo abierto o de tumba y rellena, en espacios como áreas naturales protegidas, sitios importantes en biodiversidad ecológica, lugares sagrados para pueblos indígenas o con valor histórico, áreas destinadas para la producción de alimentos o de captación de agua de lluvia, así como la minería de pocitos de carbón, debido a las condiciones de peligro en las que trabajan las personas.

Se restringiría la entrada de las empresas que intenten sobornar o chantajear a la población antes de consultarles sobre la mina, a las que utilicen sustancias como cianuro, sodio o mercurio o las que tengan antecedentes de violación a los derechos humanos.

Y en caso que alguna comunidad sí esté de acuerdo con la entrada de las mineras se tendrán que efectuar inspecciones constantes y el cobro de regalías, pues de momento los consorcios mineros no las pagan.

Jorge Peláez, comentó que en caso que esta iniciativa de ley no sea llevada por los legisladores al pleno del Congreso, gracias a una nueva reforma política sobre iniciativas ciudadanas, el propio pueblo podría subirla al pleno, pero para ello tendrían que juntar más de 100 mil firmas de apoyo.