Iniciativa de agua es equivalente a privatización: FNA

“La iniciativa de concesionar el SOAPAP es equivalente a privatizar el servicio, lo cual conllevaría a que las tarifas se incrementen en 700 o mil por ciento; lo peor es que la propuesta fue hecha por el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, sin tomar en cuenta a los ciudadanos y eso traerá grandes conflictos”, manifestó el representante, en Puebla, del Frente Nacional de los de Abajo, Hilario Alonso Flores.

Durante una rueda de prensa, comentó que la iniciativa de ley generará más pobreza para los usuarios y más ganancias para el o los concesionarios, por ello, pidió que los legisladores locales realicen una consulta ciudadana antes de aprobar la propuesta y que los presidentes municipales se apeguen al artículo 115 constitucional, que establece que los ayuntamientos son los encargados de proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

"Nos parece grave, porque (la iniciativa) además violenta el artículo 115 constitucional, donde se establece que deben ser los municipios quienes proporcionen el servicio de agua a los ciudadanos (...) Los municipios del área metropolitana serán los que más padezcan y, por lo tanto, se darán conflictos”, comentó el líder social.

Ante esa situación, invitó a los legisladores locales a que hagan una consulta y llamó a los alcaldes a que no apoyen el plan. También solicitó a los ciudadanos de San Martín Texmelucan, las Cholulas, Puebla, Amozoc, Acatzingo y Cuautlancingo que se organicen, porque será la única forma de frenar la propuesta en el Congreso.

Alonso Flores, sostuvo que se analizan otras medidas para frenar la privatización del agua, como un foro con diferentes actores sociales o impulsar un recurso de amparo contra la medida, ya que algunos de los perjuicios serán que las tarifas subirán de manera alarmante y que al hacerse los cobros por la vía judicial se efectúen embargos de morosos al por mayor.

RMV va por privatización del agua

El viernes pasado el gobernador presentó una iniciativa ante el Congreso local para reformar la Ley del Agua, de tal forma que se puedan entregar los 25 organismos operadores de agua a empresas privadas mediante concesiones, además que los propios legisladores perderán la facultad para establecer las tarifas, siendo una atribución de la propia empresa. Los adeudos serán catalogados como “créditos fiscales”, de tal manera que la Secretaría de Finanzas embargará ante la falta de pago.

La propuesta incluye la posibilidad que se revoquen contratos con los organismos de agua en diferentes áreas, como la operación, el mantenimiento, la ejecución de obras o la eficiencia administrativa. Cabe mencionar, sin embargo, que ésta contraviene el artículo 115 constitucional, el cual indica que los municipios tienen la responsabilidad primaria de los servicios de agua y saneamiento, con el apoyo subsidiario de los gobiernos estatales, a petición expresa.

Como sucedió en Puebla en 1994, cuando el ayuntamiento de Puebla firmó un convenio para que el gobierno del estado se hiciera cargo de estas atribuciones en la zona metropolitana, creando el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).

Asimismo, el 115 sostiene el principio de autonomía hacendaria para los municipios, sin excesos de discrecionalidad, lo que entre otras cosas impulsa la posibilidad de alinear los costos específicos de los servicios y recuperarlos mediante tarifas determinadas. En forma importante, se acotan los privilegios de exención a los que acude un buen número de dependencias y entidades federales, estatales y municipales.

De igual forma, bajo esta norma los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los ayuntamientos aprobarán los presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles.