CEDH emite varias recomendaciones a la SSPE, PGJ y ayuntamiento capitalino

Los municipios de Puebla son las autoridades que tienen más quejas o señalamientos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con 23 de los 36 procesos de 2013; después le sigue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con siete quejas o conciliaciones, luego la Procuraduría General de Justicia, con cinco y, al final, la Secretaría de Salud, con un recurso.

Entre los casos más graves registrados durante este año se encuentra la desaparición forzada de un joven en Huehuetlán El Grande, la detención ilegal de un joven de 14 años en Huauchinango, el desalojo de los miembros del movimiento #YoSoy132 del zócalo de la ciudad de Puebla y los abusos de los policías estatales en contra de migrantes y manifestantes.

De las 36 quejas o conciliaciones reportadas en contra de los municipios por la CEDH durante este 2013, sólo 12 habrían sido resueltas o cumplidas; mientras que 24 estarían en trámite. Las instancias contra las cuales se presentaron más quejas fueron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con siete quejas; el ayuntamiento de Puebla, con siete, también; la PGJ, con cinco procesos, y el municipio de Yahualtepec, con dos reportes.

Municipios violan derechos

La Comisión de Derechos Humanos en Puebla apuntó que de las 23 quejas o conciliaciones que habría en contra de las autoridades municipales, una de las más graves fue la desaparición forzada de un joven en la junta auxiliar municipal de San Nicolás Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, con la venia del presidente auxiliar.

De acuerdo con el reporte de la Comisión, el día 30 de octubre de 2012 un joven habría sido detenido por su presunta intervención en un robo; sin embargo, las personas de la comunidad pidieron que les entregaran al supuesto ladrón para lincharlo, amenazando al presidente auxiliar con ello, por lo cual éste accedió a que se llevaran al joven, del cual ya no se supo más y por ese motivo su madre interpuso una denuncia.

La CEDH determinó ante tal situación que el presidente de la junta auxiliar municipal de San Nicolás Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, cometió violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, integridad y seguridad personal, así como al trato digno. Esto debido a que la puesta a disposición del detenido no se hizo de forma correcta.

Asimismo, refirió que los hechos evidenciaron la falta de una efectiva protección y defensa de los derechos humanos por parte del presidente de la junta auxiliar municipal, como de los elementos de la Policía Auxiliar, ambos de San Nicolás Huajuapan, ya que el agraviado fue entregado a la población para ejercer justicia por su propia mano, lo cual es considerado como una desaparición forzada, eso de acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas.

Algunas de las recomendaciones que hizo la Comisión ante los hechos antes mencionados, fueron brindar ayuda psicológica a la madre del desaparecido, girar instrucciones a la presidencia auxiliar y al Ministerio Público para que se busque al desaparecido, poner circulares en la comunidad de San Nicolás Huajuapan para que la población proporcione datos para hallar al desaparecido, dar aviso a la Contraloría Municipal para que inicie una investigación en contra de las autoridades de Huajuapan y brindar capacitación en derechos humanos a los servidores públicos de dicha comunidad.

Cabe mencionar que, incluso, el Congreso del Estado hizo un exhorto al presidente municipal de Huehuetlán El Grande para que atendiera las peticiones de la Comisión de Derechos Humanos con respecto al caso antes mencionado.

Sobre el desalojo del 15 de septiembre de 2012, de 20 integrantes del movimiento #YoSoy132, en Puebla, donde se denunciaron violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y al trato digno, la Comisión recomendó eliminar del Registro de Infractores Municipales las fotografías digitales, huellas dactilares y demás datos de los quejosos, instruir al secretario de Seguridad Pública Municipal para que diseñe un protocolo de atención a disposiciones masivas de infractores con respeto a los derechos humanos.

De igual forma emitir una circular para que los elementos de la Policía Municipal se abstengan de realizar alguna calificación jurídica sobre la detención y remitan sólo los hechos, capacitarlos en respeto y protección de los derechos humanos, dar aviso a la Contraloría Municipal para que investigue a los agentes que participaron en los hechos y la omisión en que habría incurrido la Secretaría al no proporcionar las grabaciones del día del desalojo.

En el caso del menor de edad detenido en Huauchinango, el órgano autónomo manifestó que el comandante y elementos de la policía de la junta auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad del adolescente, ya que se le detuvo sin razón alguna. Además que habrían violentado el artículo 16 constitucional, referente a la Convención sobre los Derechos del Niño, donde establece que ningún menor será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.

Ante los hechos recomendó ordenar por escrito al comandante y elementos de la policía de la junta auxiliar de Ahuacatlán se abstengan de realizar detenciones que no se encuentren debidamente motivadas y fundadas en los ordenamientos legales, dar aviso a la Contraloría del municipio de Huauchinango para que determine iniciar conforme a derecho un procedimiento administrativo de investigación y brindar capacitación al respeto de los derechos humanos establecidos en la legislación local.

Por otra parte, conminó a la Procuraduría General de Justicia del Estado a que con las facultades conferidas en el artículo 21 constitucional dé instrucciones al agente del Ministerio Público investigador que corresponda para que proceda al inicio de la Averiguación Previa con motivo de los hechos cometidos en contra del joven.

Abuso policial

Con respecto a los abusos cometidos por los agentes de seguridad o vialidad estatal, la CEDH reportó que hubo violaciones a la integridad y seguridad personal de 26 ciudadanos que fueron detenidos el 4 de septiembre de 2012 por bloquear la carretera que conduce al municipio de Francisco Z. Mena, ya que si bien estaban obstruyendo las vías de comunicación no era necesario el uso de la fuerza pública para liberar el paso. Además, sostuvo que el traslado de los arrestados a la ciudad de Puebla fue incongruente.

Por ello, pidió que se repongan los daños ocasionados a varios de los detenidos que presentaban lesiones, que la Unidad de Asuntos Internos realice una investigación en contra de los elementos que participaron en dicho operativo y, finalmente, brindar una capacitación a los mismo en derechos humanos.

Otros casos de violaciones a derechos humanos reportados este año fueron las detenciones e intento de extorsión a cuatro indocumentados en el municipio de Izúcar de Matamoros, toda vez que las personas de otros países pueden transitar de forma libre en México y a que no forma parte de sus atribuciones ponerlos a disposición del Ministerio Público. También el arresto de dos hombres en Zacapoaxtla, acusándolos de portación de arma blanca y agresiones a la autoridad, delitos que no fueron comprobados.