Desalojados de El Capulín denuncian actos violentos y acoso durante operativo

Los desalojados del predio conocido como “El Capulín”, ubicado en el kilómetro ocho de la Carretera Federal México-Puebla, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, aseguraron que su retiro el sábado por la mañana fue violento, ya que la Policía Estatal no les permitió sacar todas sus pertenencias y a las personas que se resistieron los sometieron y arrestaron.

Algunos de los afectados dijeron que los uniformados, después de sacarlos del terreno, se metieron a las viviendas antes que fueran demolidas para robar las pocas cosas de valor que tenían, además que se burlaron de ellos diciendo que se los “habían chingado” y “manosearon” a algunas de sus hijas.

“Nos quedamos sin nada, lo que queremos es que nos regresen los predios para nuestros hijos, porque no tenemos nada (…) Se decía que somos sólo 30 personas pero en realidad somos más de 400 las que vivíamos allí, y ahora no tenemos dónde dormir”, dijo una de las señoras que fueron desalojadas, quien prefirió guardar su nombre.

De acuerdo con los habitantes de El Capulín, también conocido como “Cerro Xilotzoni”, durante el desalojo sí hubo varios detenidos, quienes sólo pedían les dejaran sacar sus bienes de sus casas, aunque en varios medios de comunicación se dijo que el operativo se hizo en total orden.

Los afectados, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla (CNOUCP), pidieron al gobierno que si no es posible que regresen a ese terreno que los reubique en otro lugar, pero antes quieren que los dejen sacar camas, colchones y estufas.

También solicitaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) los acompañe para que no los violenten. Como no obtuvieron respuesta alguna marcharán a la ciudad de México junto con otras organizaciones para que las autoridades federales manden visitadores y vean la situación en la que se encuentran.

Los particulares, quienes habrían reclamado la posesión de dicho inmueble, serían Julio Alejandro Flores Carpenter y Juan Luis Flores Pastrana, pero según los propios desalojados sólo pudieron acreditar las propiedades de tres de las once hectáreas que están en disputa, las cuales, dijeron, han respetado.

De acuerdo con información oficial, 101 viviendas, donde habitaban 58 familias habrían sido demolidas para cumplir con un mandato federal de desalojo, después que Flores Carpenter y Flores Pastrana interpusieran las denuncias penales en contra de la ocupación, afirmando que el terreno es su propiedad desde 1949.