Afirman que detenciones de estudiantes podrían ser intentos de desapariciones forzadas

“Las detenciones de los tres estudiantes por el supuesto atentado en el Desfile del 5 de Mayo podrían considerarse intentos de desapariciones forzadas, pues hubo participación del Estado y la negación de tenerlos presos, además que la acción de gobierno fue una clara criminalización de las protestas”, dijeron los integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

En una rueda de prensa por el octavo aniversario de las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en Oaxaca, los integrantes de la organización de familiares de desaparecidos indicaron que si bien en Puebla no existen muchos casos documentados de desapariciones forzadas, sí notan un clima de represión en contra de los luchadores sociales.

Cristina Rosas, una de los integrantes del comité, sostuvo que hasta el momento en el estado de Puebla se tiene un caso documentado de desaparición forzada, de Fermín Mariano Matías, quien formaba parte de la Liga Estudiantil Democrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Organización Independiente Totonaca de la Sierra Norte, en 2009.

De acuerdo con la organización “Hasta Encontrarlos”, Fermín Mariano, estuvo desaparecido dos semanas, pues fue visto por última vez el 18 de junio de 2009 y encontrado muerto el 26 de junio del mismo año, aunque el cuerpo fue entregado a sus familiares hasta finales de julio, a pesar que pidieron información sobre su paradero desde el momento de su desaparición.

Aunque el caso de Matías sería el único documentado en Puebla, para Ollín Amaro, quien también forma parte del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, existirían otras formas de represión igual de alarmantes en el estado, como el hostigamiento legal para que ejidatarios de la Sierra Norte vendan sus terrenos para que se desarrollen plantas hidroeléctricas en la zona.

Asimismo, el reciente caso de Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Vázquez e Iván Ismael Guizasola Vázquez, quienes fueron detenidos de forma arbitraria el pasado 3 de mayo por parte de policías ministeriales, quienes argumentaron que los jóvenes planeaban un atentado en contra del presidente, Enrique Peña Nieto, durante su visita a Puebla por el Desfile Conmemorativo del 5 de Mayo.

En ese caso, en específico, Ollín Amaro, comentó que el argumento de “protección del Estado” se utilizó para criminalizar las protestas en contra del actual gobierno federal, además que la retención de los estudiantes por más de 28 horas sin que se informara a sus familiares de sus paraderos podrían ser considerados un intento de desaparición forzada.

Piden justicia en Oaxaca y Chiapas

Durante la rueda de prensa el comité “Hasta Encontrarlos” denunció la falta de una investigación efectiva por parte de las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia Estatal (PGJE) de Oaxaca en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Esto a pesar de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de que existen evidencias de que tanto Edmundo como Gabriel Alberto fueron desaparecidos por elementos de la policía y militares el 25 de mayo de 2007.

De igual manera, denunciaron que este 23 de mayo fueron detenidos doce de sus compañeros del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en una manifestación que estaban realizando en San Cristóbal de las Casas por problemas agrarios. Aunque cuatro de los detenidos ya fueron liberados, presentan marcas de torturas; mientras que de los otros ocho el Ministerio Público se ha negado a dar información.

Por ello el grupo responsabilizó al procurador Raciel López Salazar de cualquier daño que pudieran sufrir los detenidos, así como de la escalada de hechos violentos en contra de los luchadores sociales del estado de Chiapas.